Gamarra estaba bajo la lupa debido a que se dio a conocer que formaría parte de una emprsa que ofrece asesoramiento para la obtención de registros sanitarios. El Ministerio de Salud Pública había decidido abrir una investigación para determinar la existencia o no de un conflicto de intereses a pedido del propio titular de la cartera, Julio Borba.
Asimismo, la Contraloría General de la República (CGR) había abierto una auditoría o fiscalización especial en la Dinavisa, institución dependiente de la cartera sanitaria.
Dinavisa es un ente autónomo al Ministerio de Salud Pública. Es por eso que la elección del reemplazo se dio por decreto del Poder Ejecutivo.
Hay sospechas de que Gamarra sería accionista de Arifar-División Logística SA, que se dedica al almacenamiento de productos para la salud, asesoría en registros sanitarios y logística.
La ley 6788 establece la competencia , atribuciones y estructura orgánica de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. En su artículo 12 especifica los cargos de incompatibilidad de su responsable con otras funciones.
“La función de director nacional de Vigilancia Sanitaria es incompatible con otros cargos públicos o privados, remunerados o no, mientras duren en sus funciones”.
El artículo especifica que tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o actividad profesional alguna, debiendo el titular dedicarse con exclusividad a sus funciones.
Por su parte, la ahora ex titular de Dinavisa alegó que la empresa dejó de brindar asesoría en el 2014. Incluso, sostuvo que el último timbrado y la facturación corresponden a dicho año. Desde entonces la empresa pasó a ser solo logística. Aunque en el sitio web sigue figurando asesoría.
Agregó que Arifar no tiene contratos con el Estado y su movimiento es de G. 30 millones, con acciones que hace muchos años están a la venta. ÚH