Imagen ilustrativa. GENTILEZA

La Justicia de Argentina dio este martes el visto bueno para que puedan salir del país 12 de los 19 tripulantes del avión venezolano-iraní, retenido en Buenos Aires desde junio pasado, que es objeto de investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional.

Pero ese fallo fue apelado por la Fiscalía y la defensa de los tripulantes y la decisión del juez quedó en suspenso hasta que este martes se pronunció el tribunal de alzada, que a su vez, según confirmaron a Efe fuentes jurídicas, llamó a Villena a que resuelva la situación procesal de los tripulantes en un plazo de 10 días.

Uno de los que seguirán retenidos es el piloto iraní Gholamreza Gashemi, que se llama igual que un miembro de las Fuerzas Quds —una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria islámica—, definida por Estados Unidos como instructores de Hezbolá.

El avión retenido en el aeropuerto internacional de Buenos Aires, en la localidad bonaerense de Ezeiza, es un Boeing 747 Dreamliner de carga, que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y que actualmente pertenece a Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa).

Ambas empresas están sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La aeronave ingresó en Argentina, el 6 de junio, procedente de México, haciendo escala en Venezuela, presuntamente para trasladar cargamento a una empresa automotriz, y dos días después despegó para ir a Uruguay a cargar combustible, pero aterrizó nuevamente en el aeropuerto argentino porque el país vecino no habilitó su aterrizaje.

Sin embargo, las petroleras argentinas no cargaron combustible al avión por temor a las sanciones de Estados Unidos y posteriormente, el 11 de junio, se difundió que el Gobierno argentino había ordenado inmovilizar el avión.

Unos días después, un juez ordenó retener los pasaportes e impedir la salida del país de los tripulantes, que nunca fueron detenidos y hasta ahora han tenido plena libertad de movimientos. Ya en agosto, el Departamento de Justicia de EEUU solicitó a Argentina que le permitiera confiscar la aeronave.

POLÉMICA

Argentina ha vivido este caso con intensidad después de los atentados sufridos contra la Embajada de Israel (1992) y la Asociación Mutual Israelita Argentina (1994), por los que la Justicia local señala como protagonistas a Hezbolá y a miembros del entonces Gobierno iraní.

La principal coalición opositora, Juntos por el Cambio, cuestionó el accionar del gobierno de Alberto Fernández y del servicio de inteligencia por haber permitido el ingreso del avión sancionado.

"Es inadmisible que haya aterrizado un avión con esa gente sin que las alarmas, sin que los mecanismos de seguridad hayan funcionado", dijo el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

Además, tanto Irán como Venezuela han reiterado sus reclamos para que los tripulantes fueran liberados.

"Pido el apoyo a los movimientos sociales, sindicales y políticos de la Argentina patriótica, de la Argentina peronista, para Venezuela, para el rescate del avión, para la liberación de los pilotos secuestrados. Pido el apoyo de Argentina", dijo Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, el pasado 8 de agosto, en un congreso con movimientos sociales venezolanos, transmitido por el canal estatal VTV.

El líder chavista aseguró que su país iba a "dar una batalla con todas" sus "armas comunicacionales, sociales y políticas por el avión" que está "secuestrado y (que) pretenden robar descaradamente en Argentina", donde, señaló, "tienen secuestrados a los pilotos que no han cometido ningún delito en ningún lugar del mundo".

"¿O es que en Argentina mandan los tribunales de Estados Unidos?", reprochó.

Irán, por su parte, envió recientemente una nota a Argentina reiterando su reclamo por la situación de los iraníes, algo que el país suramericano señaló que responderá en "tiempo y forma".

En todo momento, el Gobierno argentino explicó que la liberación de los tripulantes y el avión no se trataba de una decisión política o diplomática, sino meramente judicial. 

Fuente ÚH -