Imagen ilustrativa. GENTILEZA

El pleno de la Cámara de Diputados rechazó y envió al archivo el proyecto de ley “Que modifica los artículos 331, 333 y 378 de la Ley N° 2422/2004, Código Aduanero”.

El documento tenía como propósito combatir, frontalmente, el delito de contrabando, y aquella corrupción que se materializa antes, durante y después del contrabando, en este caso fuera de la sede aduanera.

En esencia, buscaba evitar que hechos que puedan constituir infracciones a la ley penal, puedan estar supeditados a la culminación de sumarios administrativos, cuyo fin es distinto respecto de la persecución directa del Estado sobre el delito de contrabando realizado fuera de la sede aduanera.

El diputado Jorge Avalos Mariño (PLRA-Paraguarí), en su carácter de titular de la Comisión de Legislación y Codificación, señaló su comisión opto por testar los artículos 331 y 333; y solo acompañar la modificación del artículo 378.

Expresó que el artículo 378, establece que cuando se trate de defraudación y de contrabando, las autoridades aduaneras y cualquier funcionario público estén obligados a la denuncia inmediata, no como actualmente está establecido, que es esperar que termine el sumario administrativo en el ámbito aduanero.

“Lo que pretendemos con esta modificación es que el sumario no sea impedimento para una denuncia en el Ministerio Público”, esgrimió.

Por su parte el proyectista, el legislador Rodrigo Blanco (PLRA-Central), refirió que actualmente no se le está permitido al Ministerio Público, intervención alguna en los casos de contrabando, y se le está dando la potestad absoluta a la Dirección Nacional de Aduanas, para que en el sumario se determine si es o no contrabando.

“Tiene que ver con una voluntad firme de este parlamento en el sentido de dar las herramientas legislativas, en este caso al Estado paraguayo, a través de Ministerio Público de perseguir frontalmente estos hechos”, señaló al defender su postura al respecto.

Dijo, además, estar convencido de que con estas modificaciones en los casos de flagrancia, la intervención directa al Ministerio Publico va dar mejores resultados, en el sentido de que se estará dando una lucha frontal desde el ámbito penal que es lo que corresponde.

En una primera votación, el proyecto fue aprobado, pero al constatarse que algunos legisladores habían votado, desde sus vehículos en movimiento (prohibido por el Reglamento Interno), la presidencia, opto por una nueva votación y, esta vez, no se reunieron los votos necesarios para la aprobación.