Imagen ilustrativa. GENTILEZA

El magistrado Alejandrino Cuevas es miembro del Tribunal de Apelación Civil y Comercial fue recusado para entender el juicio donde se discute la cesión de unas 310 mil hectáreas de tierras que se encuentran en el Chaco en la Zona de Seguridad Fronteriza y que tiene un valor de USD 500 millones.

Se trata de la causa donde se cedieron en primera instancia tierras a cuatro empresas offshore de paraísos fiscales, y que le costó el cargo a la ex jueza Tania Irún, expulsada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y ratificado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La ex magistrada soporta también un proceso por prevaricato.

La Asociación Espíritu Santo presentó el pedido de una la excusación de Cuevas para  seguir entendiendo en el mencionado juicio. Se cuestiona la relación cercana que esta persona tiene supuestamente con el ministro y presidente de la CSJ, Antonio Fretes.

“Tenemos el hecho que el Magistrado Alejandrino Cuevas posee una estrecha amistad con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es de público conocimiento, el citado Ministro en fecha 12 de mayo del corriente año, en el marco de la acción de inconstitucionalidad promovida en el presente expediente se inhibió de seguir entendiendo en dicha acción, llamativamente, hoy el camarista acepta conformar el tribunal del presente juicio”, señala el escrito.

ANTECEDENTE

Según publicaciones periodísticas del Diario ABC Color, Alejandrino Cuevas fue salpicado en la compra de armas de guerra que realizó la Corte Suprema de Justicia de manera innecesaria. Dos ministros de la Corte autorizaron y presionaron: el entonces titular Raúl Torres Kirmser y el ministro encargado de Seguridad Antonio Fretes, refiere la nota del febrero del 2014.

La licitación fue hecha y aprobada por G. 660.350.000 en diciembre de 2010. Rápidamente y en solo tres días, se hizo una adenda por G. 132.070.000, que fue también aprobada, menciona ABC.

El artículo añade que, a través de la documentación, se ve que uno de los más insistentes para llevar adelante la licitación fue el abogado Alejandrino Cuevas, secretario general de la Corte, quien junto a Liz Fátima Insfrán, directora de la Unidad de Contrataciones, recomendaron la aprobación de la compra de armas de fuego y equipos de seguridad para la Corte. La investigación también salpicó al Gral. Carlos Campos Krauer, en ese entonces en Dimabel.

Según ABC, habrían supuestamente usado el nombre de la CSJ se compraron de más cinco carabinas calibre 5.56x45, 4.000 balas calibre 9x19mm, 2.200 balas calibre 12 Gauge, 9.500 balas calibre 5.56 x 45mm, seis placas balísticas y 20 miras láser 552.