Imagen ilustrativa. GENTILEZA

El Ministeriro Público en fecha 17 de octubre de 2017 presentó imputación contra el ciudadano estadounidense Kiantar Betancourt por los supuestos hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y tentativa de estafa. Según la denuncia es el mismo que se presentó en Paraguay como representantes de las offshore Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Elite Kingdom Investments Limited y Firstar Investments Limited, mismas firmas beneficiadas por la sentencia de la ex jueza Tania Irún para ceder 310.000 hectáreas de tierras a estas firmas. Dicha sentencia le costó el cargo a la magistrada pues el Jurado de Enjuicimaiento de Magistrados (JEM) la destituyó por actuar en contravención a la Ley de Seguridad Fronteriza. Irún también está imputada por el hecho de prevaricato, ya que se presume que había actuado fuera de lo establecido en las normas. CONSECUENCIAS JURÍDICASEvaristo Fernández, presidente de la Asociación Espíritu Santo, remitió una solicitud al fiscal de la Unidad Especializada Contra Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Piñánez, a los efectos de proseguir con el avance de ia presente investigación contra el americano puesto que ameritaría ser investigados como una ampliación de los hechos inicialmente imputados, puesto que los mismos guardan una directa y estrecha relacióna  los acontecidos antes del momento de la inicial imputación, lo cual fue su directa consecuencia lógica.Agrega que aparte de evidenciar la continuidad por seguir surtiendo efectos jurídicos hasta el día de la fecha, de lo inicialmente atribuido por elMinisterio Público a los imputados, también se resalta otros nuevos elementos. Betancourt fue imputado el 17 de octubre del 2017 por los hechos punibles de tentativa de estafa y producción mediata de documentos públicos de contenido falso. Esto en el marco de la causa “Hyun Jim Moon y otros s/ producción mediata de documentos públicos de contenido falso y tentativa de estada”, que llevaba adelante el exfiscal Anticorrupción, Igor Cáceres.

Según el acta de imputación, al señor Betancourt se le atribuye supuestamente el haber sentado hechos y declaraciones con relevancia jurídica y de aparente contenido falso en diversas actas notariales y escrituras públicas, específicamente haciendo constar actos jurídicos que fueron sustentados con hechos considerados aparentemente como falsos, a que se desprende de una deuda que nace en un contrato de préstamo por valor de USD 15.000.000 a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, supuestamente favorecida con la citada suma.

Dos de las firmas beneficiadas con las tierras, cuyo valor rondaría los US$ 500 millones, son Kyveloria Limited y Cusabo Limited. Un elemento llamativo es que, conforme al Acta de Constitución las mismas se encuentran constituidas con un irrisorio capital de 1.000 euros, dividido en un paquete accionario consisten en mil acciones de un euro cada uno.

Según las denuncias, el capital social es claramente insuficiente e irreal con relación a la porción de tierra objeto del juicio, y que fuera ordenado su transferencia a las empresas como Kyveloria y Cusabo. En fecha 23 de noviembre del 2018 la ex jueza Tania Irún sentenció ceder las tierras a las cuatro firmas offshore, sin embargo, recién este año supuestamente se obtuvieron los documentos de las firmas beneficiadas, sus composiciones, y demás detalles que anteriormente no fueron presentados. Por todos estos hechos, la Asociación Espíritu Santo solicita nuevamente abrir la causa y llamar a declarar al señor Betancourt, al igual que a la escribana Gilda Clara Kirsch de Velázquez, quien había avalado la representación de las offshore para el imputado.