La ex jueza en lo Civil y Comercial, Tania Irún, se encuentra imputada por el Ministerio Público por el hecho punible de prevaricato tras dictar una sentencia que obliga la cesión de 310 mil hectáreas de tierras protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza. Las firmas que fueron beneficiadas por el fallo que le costó el cargo a Irún, destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, son cuatro empresas offshore constituidas en Islas Vírgenes Británicas y la República de Chipre.

Ahora el Juzgado Penal de Garantías ha dictado la providencia de admisión de querella penal promovida por la Asociación del Espíritu Santo, que tiene como representantes legales a los abogados Osvaldo Bittar y Jorge Rolón Luna.

La querella también es por el hecho de prevaricato, y se da participación como parte afectada por la sentencia de primera instancia emitida por la ex jueza.

El escrito de admisión señala que la querella adhesiva deberá presentar su acusación el día 3 de octubre del 2022.

IMPUTACIÓN

El 31 de enero del 2022 la Agente Fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Natalia Fuster, había presentado imputación contra Tania Irún por el supuesto hecho punible de prevaricato.

El acta de imputación indica claramente que se trataría de una posible clara inobservancia e incumplimiento a lo previsto en la Ley especial 2532/05, de su obligación de haber corroborado y comprobado cada uno de los extremos mencionados en la referida ley, antes de dictar sentencia.

Irún había beneficiado a presuntas empresas de maletín como Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Firstar Investments y Elite Kingdom, quienes accionaron por un supuesto falso préstamo a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, reclamando 310 mil hectáreas en el Chaco.