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En contacto con ABC, el Director General Jurídico de la Procuraduría General de la República (PGR) Gonzalo Gómez Forzley, confirmó que el inicio de cualquier acción legal para el cobro de multas que pudiera corresponder por la violación de la Ley de Seguridad Fronteriza, debe ser producto de un análisis que ahora iniciaron.

“El análisis pertinente, correspondiente a la verificación de los supuestos de la norma y de toda la documentación remitida, determinará las acciones que correspondan sean promovidas. La Comisión Interinstitucional Zona de Seguridad Fronteriza, a través de la Procuraduría General de la República, en caso de observar irregularidades en los actos jurídicos relacionados con los inmuebles ubicados dentro de la franja de Seguridad Fronteriza, podrá iniciar las acciones legales respectivas”, dijo el alto funcionario.

El Ministerio de Defensa Nacional, a cargo del ministro Bernardino Soto Estigarribia, remitió a la Procuraduría General de la República los antecedentes de la sentencia judicial que ordenó la transferencia de 310 mil hectáreas de tierras del Chaco en favor de cuatro empresas offshore de paraísos fiscales. Las tierras en disputa se encuentran en la zona de Seguridad Fronteriza, protegida por la misma Ley 2532/05 que Establece la Zona de Seguridad Fronteriza de la República del Paraguay.

El artículo 8 de la misma ley menciona: “Los actos jurídicos que contraríen lo dispuesto en esta Ley, serán nulos, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran corresponderles a los jueces, funcionarios y a los notarios públicos intervinientes. La nulidad del acto traerá aparejada una multa equivalente al doble del valor de la operación.”

Soto Estigarribia, con la medida establece como precedente que la sentencia de la ex jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Tania Carolina Irún, estaría en contravención a la Ley de Seguridad Fronteriza, y ahora con la remisión de los antecedentes la Procuraduría General de la República deberá iniciar un proceso de aplicación de multas de unos US$ 30 millones.

Un detalle es que pedido de estudio de factibilidad de aplicación de multa se realizó en base a la
nota del 28 de octubre de 2022 emanada de parte del Sr. Evaristo Fernández, en representación de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, en la que hace mención al juicio caratulado: “Cusabo Limited y otros c/ Asociación Espíritu Santo s/ cumplimiento de contrato y otro”.

La entonces jueza civil Tania Irún, en fecha 23 de noviembre del 2018, en el marco del juicio caratulado “Cusabo Limited y otros c/ Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial sobre cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”, resolvió hacer lugar a una demanda de cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública promovida por las firmas Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Firstar Investments y Elite Kingdom Investments, otorgándoles 310 mil hectáreas a favor de dichas firmas, cuyos accionistas no se sabía quienes son al momento de la sentencia.

Los miembros de la Cámara de Apelaciones, integrado por Miguel Ángel Rodas, Stella Maris Zarate y Antonia López, había avalado la decisión de Irún y la defensa de la Asociación de Espíritu Santo para la Unificación Mundial del Cristianismo, había presentado una apelación, y el caso fue derivado a la Corte Suprema de Justicia para su estudio en tercera instancia.

Sin embargo, uno de los ministros de la CSJ fue recusado por los abogados de Secta Moon, pero este mismo resolvió su recusación y rechazó la acción. Se trata del ministro Antonio Fretes.

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes y César Diesel habían rechazado in limine la acción, y de esta manera avalado la entrega de tierras.