Gentileza

La ex jueza de primera Instancia en lo Civil y Comercial de Asunción, Tania Irún, se encuentra imputada por el hecho punible de prevaricato tras sentencia de sesión de 310 mil hectáreas de tierras protegidas por la Ley 2532 “Que establece la Seguridad Fronteriza de la República del Paraguay”. Las beneficiadas fueron cuatro empresas offshore de paraísos fiscales.

Además, la misma había sido relevada de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por supuesto mal desempeño de funciones al beneficiar con estas tierras valorizadas en US$ 500 millones a las firmas de maletín con cedes en la República de Chipre y en las Islas Vírgenes Británicas.

Recordemos que en el marco de la causa penal caratulada: “Tania Carolina Irún S/ Prevaricato” por oficio Nº 95 de fecha 21 de abril de 2021 la fiscal Natalia Fústersolicito al Ministerio de Defensa Nacional que informe acerca de 26 inmuebles pertenecientes a la Asociación Espíritu Santo, requiriendo se sirva informar si los mismos se encuentran afectados por la Ley 2532/05 “Que establece la Seguridad Fronteriza de la República del Paraguay”.

Por nota S.G.Nº 575 de fecha 27 de abril de 2021 el Ministerio de Defensa Nacional informó acerca de lo requerido por la agente Fúster, informando que 21 inmuebles se encuentran afectados por la ley de seguridad fronteriza.

La agente fiscal formulo imputación en contra de Tania Irún a través del requerimiento fiscal Nº 4 de fecha 31 de enero de 2022.

REMITE ANTECEDENTES A LA PGR
El 28 de octubre de 2022, el representante de la Asociación Espíritu Santo puso a conocimiento del Ministerio de Defensa Nacional la violación de la ley 2532/05 en el marco del expediente civil caratulado: CUSABO LIMITED Y OTROS C/ ASOCIACIÓN ESPÍRITU SANTO S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Ante dicha comunicación, el Ministerio de Defensa Nacional remite los antecedentes a la Procuraduría General de la República. Asimismo el representante convencional de la Asociación Espíritu Santo también puso a conocimiento de la Procuraduría General de la Republica, Registros Públicos, y al Colegio de Escribanos del Paraguay la violación de la ley 2532/05.

El artículo 8 de dicha Ley indica que:
“Los actos jurídicos que contraríen lo dispuesto en esta Ley, serán nulos, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran corresponderles a los jueces, funcionarios y a los notarios públicos intervinientes.

La nulidad del acto traerá aparejada una multa equivalente al doble del valor de la operación.”

Es decir, la Procuraduría General de la República, según publicaciones periodísticas, por pedido del Ministerio de Defensa Nacional, ya inició el análisis de factibilidad de aplicación de una multa que podría llegar a unos US$ 30 millones para los responsables de la entrega de tierras.