Gentileza

El Tribunal de Apelación, conformada por los magistrados Cristóbal Sánchez, Agustín Lovera Cañete y Arnaldo Fleitas, ratificó la resolución de la admisión de la imputación contra la ex jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Tania Irún, imputada por prevaricato tras haber entregado a cuatro empresas offshore 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en zona de seguridad fronteriza en Alto Paraguay.

De esta forma el juez Penal de Garantías, Yoan Paul López, tendrá que fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares en que se definirá si Irún es beneficiada con medidas alternativas a la prisión o se ordena su arresto domiciliario o prisión.

Por otra parte, según informó ABC, el recurso interpuesto por la fiscala Natalia Fúster, en contra del plazo de cuatro meses que otorgó el Juzgado de Garantías para la presentación del requerimiento conclusivo, el Tribunal de Apelación concluyó que la actuación del juez López se ajusta plenamente a las disposiciones establecidas en la norma.

Recordemos también que queda pendiente el desarrollo de la audiencia preliminar en que el magistrado Yoan Paul López estudiará si hace lugar al sobreseimiento provisional solicitado por la fiscala de la Unidad Especializada en Delitos Económicos Natalia Fuster, quien pretende reunir más elementos probatorios contra la jueza para definir si pide juicio oral y público.

IMPUTACIÓN
El 31 de enero del 2022 la Agente Fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Natalia Fuster, había presentado imputación contra Tania Irún por el supuesto hecho punible de prevaricato.

El acta de imputación indica claramente que se trataría de una posible clara inobservancia e incumplimiento a lo previsto en la Ley especial 2532/05, de su obligación de haber corroborado y comprobado cada uno de los extremos mencionados en la referida ley, antes de dictar sentencia.

Irún había beneficiado a presuntas empresas de maletín como Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Firstar Investments y Elite Kingdom, quienes accionaron por un supuesto falso préstamo a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, reclamando 310 mil hectáreas en el Chaco.