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El abogado Osvaldo Bittar relató el proceso en que la Asociación Espíritu Santo denunció la sentencia en primera instancia de la ex jueza en lo Civil y Comercial Tania Carolina Irún en favor de cuatro empresas offshore de paraísos fiscales (República de Chipre e Islas Vírgenes Británicas) de 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en el Chaco (zona Puerto Casado) y que están dentro de la Franja de Seguridad Fronteriza, protegida justamente por la Ley de Seguridad Fronteriza.

El hecho fue advertido primero al Ministerio de Defensa Nacional, y esta cartera luego corrió traslado a la Procuraduría General de la República para la aplicación de sanciones como indica la ley.

“La norma dice que los magistrados, escribanos, funcionarios que violen la Ley de Seguridad Fronteriza son pasibles de una multa de hasta el 10% del valor de la operación. Es decir, hay que tener en cuenta el valor de la supuesta transferencia ordenada por la señora Tania Irún”, indicó el abogado.
Seguidamente el doctor Bittar explicó que es la Procuraduría, que tiene al frente a Rodolfo Andrés Barrios Duba, quien debe de actuar para la aplicación de sanciones administrativas.

“Esta persecución de indemnización o multa estipulada en la Ley de Seguridad Fronteriza la deba aplicar como abogado y representante del Estado la Procuraduría General de la República. Entonces, el Ministerio de Defensa remite a la Procuraduría el expediente, y esta se está abocando en recopilar todas las informaciones legales”, remarcó el entrevistado por la 780 AM.

DESTITUIDA E IMPUTADA
En el 2021 el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) destituyó de sus funciones a la jueza en lo civil de Asunción, Tania Irún, por encontrarse irregularidad en su actuación en el fallo firmado en que entregó 310 mil hectáreas de tierras a empresas que serían de maletín. La destitución de la magistrada fue conformada inclusive por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.

El 31 de enero del 2022 la Agente Fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Natalia Fuster, había presentado imputación contra Tania Irún por el supuesto hecho punible de prevaricato.

El acta de imputación indica claramente que se trataría de una posible clara inobservancia e incumplimiento a lo previsto en la Ley especial 2532/05, de su obligación de haber corroborado y comprobado cada uno de los extremos mencionados en la referida ley, antes de dictar sentencia.

Irún había beneficiado a presuntas empresas de maletín como Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Firstar Investments y Elite Kingdom, quienes accionaron por un supuesto falso préstamo a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, reclamando 310 mil hectáreas en el Chaco.