Gentileza

Irún fue imputada el 31 de enero del 2022 por la agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción Natalia Fuster. Sin embargo, hasta la fecha no se logró llevar adelante la audiencia que de nuevo fue postergada el día de ayer, aunque esta vez no por recursos dilatorios de la defensa como en infinidad de ocasiones anteriores, sino porque el Yoan Paúl López, juez Penal de Garantías original de la causa fue interinado por su colega Mirko Valinotti, quien decidió suspender por supuesta recarga de trabajo y “superposición de audiencias”.

Valinotti reagendó nuevamente la diligencia para el próximo 4 de abril, cuando se definirá si se hace lugar al requerimiento fiscal de más tiempo para juntar más elementos de prueba y formular la acusación correspondiente. La defensa de la exmagistrada imputada pidió el sobreseimiento definitivo.

En tanto que el abogado Osvaldo Bittar, quien representa a la Asociación Espíritu Santo y propietaria de las tierras, dijo: “Esperamos que el próximo 4 de abril acudan nuevamente todas las partes y podamos llevar adelante la audiencia preliminar y nosotros creemos que el presente proceso se debe elevar a juicio oral y público. Sin embargo, el Ministerio Público solicitó sobreseimiento provisional, lo que lleva a la Fiscalía a que tenga que seguir con la presente investigación”.

DESTITUIDA E IMPUTADA
En el 2021 el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) destituyó de sus funciones a la jueza en lo civil de Asunción, Tania Irún, por encontrarse irregularidad en su actuación en el fallo firmado en que entregó 310 mil hectáreas de tierras a empresas que serían de maletín. La destitución de la magistrada fue conformada inclusive por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
El 31 de enero del 2022 la Agente Fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Natalia Fuster, había presentado imputación contra Tania Irún por el supuesto hecho punible de prevaricato.

El acta de imputación indica claramente que se trataría de una posible clara inobservancia e incumplimiento a lo previsto en la Ley especial 2532/05, de su obligación de haber corroborado y comprobado cada uno de los extremos mencionados en la referida ley, antes de dictar sentencia.
Irún había beneficiado a presuntas empresas de maletín como Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Firstar Investments y Elite Kingdom, quienes accionaron por un supuesto falso préstamo a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, reclamando 310 mil hectáreas en el Chaco.