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En la mañana de este martes se llevó adelante la audiencia preliminar en donde la defensa de la ex jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Asunción, Tania Carolina Irún, solicitó al Juzgado Penal de Garantías la medida de sobreseimiento definitivo en la causa abierta por prevaricato. El magistrado Yoan Paúl López rechazó la solicitud y concedió al Ministerio Público un año más de tiempo para recolectar elementos probatorios.

La agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Natalia Fuster, solicitó al Juzgado la medida de sobreseimiento provisional con la finalidad de poder recolectar más elementos de prueba en contra de la magistrada, quien recordemos fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y ratificado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Irún había firmado una sentencia en la que cedió 310 mil hectáreas de tierras a empresas offshore de paraísos fiscales. Esas tierras, que además de tener un valor de US$ 500 millones, están protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza.

DESTITUIDA E IMPUTADA
En el 2021 el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) destituyó de sus funciones a la jueza en lo civil de Asunción, Tania Irún, por encontrarse irregularidad en su actuación en el fallo firmado en que entregó 310 mil hectáreas de tierras a empresas que serían de maletín. La destitución de la magistrada fue conformada inclusive por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.

El 31 de enero del 2022 la Agente Fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Natalia Fuster, había presentado imputación contra Tania Irún por el supuesto hecho punible de prevaricato.

El acta de imputación indica claramente que se trataría de una posible clara inobservancia e incumplimiento a lo previsto en la Ley especial 2532/05, de su obligación de haber corroborado y comprobado cada uno de los extremos mencionados en la referida ley, antes de dictar sentencia.

Irún había beneficiado a presuntas empresas de maletín como Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Firstar Investments y Elite Kingdom, quienes accionaron por un supuesto falso préstamo a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, reclamando 310 mil hectáreas en el Chaco.