Gentileza

La comunidad indígena Espinillo está a casi 21 kilómetros del centro de votación más cercano, y en la aldea nadie tiene auto.

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Es por eso que hace dos semanas, en vísperas de las elecciones en Paraguay, Miguel Paredes, un chofer de ambulancia retirado que se ha convertido en una figura política local, subió a las familias indígenas a un autobús y las llevó al costado de una carretera, a pocos pasos de las urnas. “Queremos cuidar por ellos”, dijo Paredes, de 65 años, vigilante y de pie junto a seis jóvenes a los que identificó como sus colegas.

Al caer la noche, Paredes y sus colegas reunieron a algunos miembros de la comunidad indígena y anotaron sus números de identificación. Paredes les dijo que debían votar por el Partido Colorado —la fuerza política dominante de derecha en Paraguay— y asegurarse de que sus compañeros de la comunidad también lo hicieran. Luego, los jóvenes guiaron a los miembros de la comunidad indígena en una simulación de las máquinas de votación en un teléfono, y les indicaron cómo votar por los candidatos del Partido Colorado.

Ante los periodistas de The New York Times, Milner Ruffinelli, uno de los jóvenes, pasó a hablar en guaraní, la lengua indígena oficial en el país. “Ese pedido de plata que se comprometió con ustedes, eso ya está también y el señor Miguel Paredes va a ver cómo hacerles llegar”, dijo. “Acá no podemos darles nada, ustedes saben por qué”.

La democracia está siendo puesta a prueba en todo el planeta. En algunos países, los líderes atacan las instituciones democráticas como ha sucedido en Estados Unidos, Turquía, Brasil y México, mientras que en otras naciones como Rusia, Venezuela y Nicaragua han trastocado por completo el proceso democrático.

Al mismo tiempo, la desinformación por internet ha impulsado turbulentas denuncias de máquinas de votación manipuladas, votantes muertos y boletas robadas, socavando la fe en las elecciones limpias.

Pero en muchos países, una amenaza menos visible pero igual de persistente continúa afectando las elecciones libres y justas: la compra de votos.

​En México, los partidos políticos han repartido tarjetas de regalo, víveres y hasta lavadoras. Los observadores electorales afirmaron que la votación del año pasado en Filipinas estuvo plagada de “compras flagrantes de votos”. En febrero, un político en Nigeria fue capturado con 500.000 dólares y una lista de posibles beneficiarios el día previo a las elecciones nacionales.

El mes pasado, en Paraguay, un país de 7,4 millones de habitantes ubicado en el centro de América del Sur, The New York Times descubrió un peculiar modo de compra de votos, desarrollado a lo largo de décadas: operativos políticos que reúnen a miembros de las comunidades indígenas en el remoto norte de Paraguay y tratan de controlar o comprar sus votos.

El fin de semana de las elecciones nacionales, el Times fue testigo de cómo representantes del gobernante Partido Colorado intentaban comprar los sufragios de las comunidades indígenas, y más de una decena de miembros de estas comunidades dijeron en entrevistas que aceptaron dinero del partido justo antes de votar.

En uno de los casos, un candidato a gobernador del Partido Colorado entregó personalmente 200.000 guaraníes (casi 30 dólares por persona) a más de 100 votantes indígenas frente a un centro de votación en la localidad ribereña de Fuerte Olimpo, según entrevistas con cinco miembros de comunidades indígenas que recibieron el dinero. Esa cantidad es equivalente a varias semanas de ingresos para las personas más pobres de Paraguay.

Nestor Rodríguez, líder de la comunidad indígena Tomáraho, quien recibió dinero, dijo que era una práctica común. “Solamente eso es para comprar tu ropa, eso, para tu familia”, afirmó. Rodríguez votó por el candidato del Partido Colorado, Arturo Méndez, por sus promesas de crear empleos y una nueva carretera, dijo.

Méndez ganó con comodidad las elecciones. En una entrevista, admitió haberle dado sumas en efectivo a miembros de comunidades indígenas, pero dijo que solo lo hizo porque necesitaban comida y ropa, y el gobierno los había olvidado. “Sí, realmente los ayudamos. Pero no induciendo al voto de ellos”, dijo. “Sería desalmado no ayudar a esta gente”.

Pagarle a las personas para que voten de una manera determinada es ilegal en Paraguay. Muchos de los pagos se presentan como asistencia financiera como, por ejemplo, dinero para almorzar durante el día de las elecciones.

En el vecino departamento de Concepción, donde viven 3000 residentes indígenas, el candidato del Partido Colorado ganó la gobernación por apenas 28 votos. El candidato perdedor está impugnando los resultados, alegando irregularidades en el conteo de votos.

La compra de votos puede influir de forma determinante en las elecciones locales, pero rara vez en las nacionales, afirmó Ryan Carlin, profesor de la Universidad Estatal de Georgia que ha estudiado el tema. Sin embargo, siempre socava la democracia al “hacer un cortocircuito en los mecanismos de representación y rendición de cuentas”, dijo. “Si un voto se da por sentado y se otorga a cambio de otra cosa, no hay una promesa política al final”.

Muchos de los cerca de 120.000 habitantes de comunidades indígenas de Paraguay comenzaron a integrarse a la sociedad moderna hace apenas unas pocas décadas, y desde entonces muchos partidos políticos —no solo el Partido Colorado— han tratado de controlar sus votos.

En los días previos a las elecciones nacionales, trabajadores de partidos políticos se dispersaron por el Chaco, una región vasta y árida que abarca la mitad noroeste de Paraguay, donde vive casi la mitad de la población indígena.

En comunidades remotas, los trabajadores suben a los indígenas a los autobuses, los llevan a sitios cercados y les dan carne y cerveza hasta la hora de la votación, según observadores electorales, activistas locales y miembros de comunidades indígenas que lo han experimentado. El objetivo es controlar a la comunidad antes de que lo haga un partido rival.

El día de las elecciones, los trabajadores del partido les pagan a las personas indígenas por sus identificaciones —lo que les impide votar— o los trasladan en autobuses hasta las urnas y les dan dinero.

La práctica está tan arraigada, que ha desarrollado su propio vocabulario: hay que “arrear” a los votantes indígenas y llevarlos a “corralones”.

“Es como si fuéramos animales que van a ser comprados”, dijo Francisco Cáceres, de 68 años y miembro de la comunidad indígena qom.

Observadores electorales de la Unión Europea afirmaron haber sido testigos de estos “corralones” en las elecciones paraguayas de 2013 y 2018, y vieron múltiples casos de compra de votos en los comicios del 30 de abril. Según los observadores, los partidos tratan de comprar los votos de muchos paraguayos, no solo de las personas indígenas.

La práctica forma parte de la robusta maquinaria política que ha fortalecido el control del Partido Colorado en Paraguay, el cual ha tenido el poder durante 71 de los últimos 76 años, incluidas cuatro décadas de dictadura militar.

El candidato presidencial del Partido Colorado, Santiago Peña, ganó con una ventaja de 460.000 votos, con el 43 por ciento del número total de votos (Paraguay tiene menos de 80.000 adultos de comunidades indígenas, según las estimaciones). Peña es el protegido político de Horacio Cartes, expresidente y actual líder del partido, quien fue sancionado este año por el gobierno de Estados Unidos por acusaciones de haber hecho sobornos para llegar al poder.

Los candidatos que quedaron en segundo y tercer lugar han sugerido que la victoria de Peña estuvo amañada, pero no han presentado pruebas claras. El candidato del tercer lugar, cuyos simpatizantes han bloqueado carreteras en protesta, ha sido encarcelado bajo acusaciones de intentar obstruir las elecciones.

Durante una entrevista antes de las elecciones, Peña afirmó que si la compra de votos fuera una realidad, de todas maneras no afectaría las contiendas.

“El argumento de la compra de votos la verdad que no tiene mucho sustento”, dijo. “Nunca se ha podido demostrar un esquema de compra masiva. Si votan 2 millones y medio, 3 millones de electores, ¿cuantos votos tendríamos comprados?”.

Sin embargo, entre los paraguayos, la compra de votos es un secreto a voces. “Parece que si no hay eso, no es votación”, afirmó José Arias, un sacerdote católico que usa sus sermones para disuadir a sus feligreses de las comunidades indígenas de vender sus votos. “La gente está de acuerdo en la crítica”, dijo. “Solamente que muchos que están de acuerdo en el día de la votación también aceptan” sobornos.

En el campamento de la carretera, Paredes y Ruffinelli afirmaron que no estaban repartiendo sobornos. Dijeron que el Partido Colorado pagó el autobús, así como el pollo, los fideos y el aceite de cocina que le dieron a la comunidad. Pero estaban allí porque habían construido relaciones a lo largo del tiempo, afirmaron, y estaban haciendo campaña por los candidatos del Partido Colorado porque representaban la mejor opción para la comunidad.

Todos eran libres de votar como quisieran, dijo Ruffinelli, pero esperaba que lo hicieran por el Partido Colorado.

“Ya prometieron”, dijo Ruffinelli. Y citó estadísticas: la comunidad indígena representaba el 86 por ciento de los 5822 votantes registrados en el centro electoral local. Ruffinelli afirmó que estaría analizando los resultados para tratar de determinar si la comunidad los “traicionó”.

Algunos miembros de la comunidad del pueblo enxet sur dijeron que aceptarían dinero, pero que seguirían votando en contra del Partido Colorado. “Si los colorados vienen a ofrecer, nosotros agarramos eso. Pero sabemos por qué vamos a votar: por el cambio”, dijo Fermín Chilavert, de 61 años, uno de los veteranos de la comunidad.

Otros ya habían tomado el dinero y planeaban votar como se les había pedido, incluidos 10 miembros de la comunidad que aceptaron actuar como “operadores políticos” del partido el día de las elecciones.

En una reunión nocturna, Paredes y Ruffinelli les explicaron a los operadores que debían asegurarse de que otros indígenas votaran por el Partido Colorado, incluso ingresando a las urnas de votación con ellos. (Los observadores electorales dijeron que los partidos políticos suelen abusar de las leyes que permiten que las personas discapacitadas vayan acompañadas a las urnas de votación).

“Ustedes van a entrar con ellos y como les van a enseñar, ustedes le van a decir dónde hacer clic”, le dijo Paredes a varios miembros de la comunidad, mientras muchos miraban el piso con nerviosismo.

Un grupo de votantes llegan a un centro de votación en una escuela en Pozo Colorado. Algunas personas afirmaron que habían recibido dinero de trabajadores del Partido Colorado.

A la mañana siguiente, el día de las elecciones, una parada de camiones cerca del centro electoral se llenó de autobuses. Habían transportado a cientos de miembros de comunidades indígenas para que votaran, y cada uno de los buses iba adornado con calcomanías de algún partido político, la mayoría del Partido Colorado.

En uno de los autobuses con propaganda del Partido Colorado, los pasajeros indígenas afirmaron que habían recibido cada uno entre 100.000 y 150.000 guaraníes (entre 14 y 21 dólares) y habían votado por el Partido Colorado.

El hombre que conducía el autobús, Catalino Escobar, dijo que los votantes habían recibido dinero para comer. (Un sándwich y una Coca-Cola en la estación de servicio costaban 2 dólares).

“No sabemos de quién es el candidato, la verdad”, confesó Mary Fernanda, de 51 años, quien dijo que había aceptado los 100.000 guaraníes para ayudar a alimentar a sus hijos. “Estoy votando por necesidad nomás”.

Cuando se contaron los votos, el Partido Colorado había vuelto a dominar las elecciones en todo Paraguay, reteniendo la presidencia y fortaleciendo su control del Congreso.

Los 19 candidatos de comunidades indígenas que se habían postulado para escaños nacionales o estatales perdieron. Paraguay nunca ha elegido a nadie que se identifique como miembro de una comunidad indígena para un cargo nacional.

The New York Times