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El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que se reunió con el gabinete de seguridad del país, indicó que esta medida se debe al intento por prevenir las posibles reagrupaciones de las pandillas “como estaba ocurriendo en Nueva Concepción, a pesar de estar “ganando decisivamente la guerra contra las pandillas”, según un comunicado de la Presidencia que no ha proporcionado más detalles.

Bukele hizo referencia al municipio de Nueva Concepción, en Chalatenango (norte) porque a mediados de mayo ordenó poner un amplio operativo formado por más de 5.500 uniformados para dar con los responsables de la muerte de un agente de la Policía.

“Pagarán caro por el asesinato de nuestro héroe”, escribió en su cuenta de la red social Twitter Bukele, quien señaló que la operación policial no se limita solo a los responsables de esa muerte, sino que se extiende a “toda la estructura” delictiva de colaboradores de estas pandillas.

La Policía Nacional informó el martes de la muerte de uno de sus agentes cuando patrullaba por las calles del municipio de Nueva Concepción. Uno de los sospechosos del ataque fue capturado y el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, trasladó que se haría todo lo posible para dar con el resto de implicados.

El Gobierno salvadoreño decretó en marzo del año pasado el estado de excepción tras una sucesión de jornadas violentas en el país. Desde entonces ha sido prorrogado en varias ocasiones y ha facilitado la detención de más de 66.000 presuntos pandilleros.

La medida no ha estado exenta de polémica pues, a pesar de que parte de la población valora positivamente los resultados, más allá de las fronteras salvadoreñas se suceden denuncias por violaciones de Derechos Humanos.

Las autoridades del país centroamericano han detenidos a millares de presuntos pandilleros a los que, tras saturar los centros penitenciarios del país, ha enviado a una macrocárcel --oficialmente denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo-- construida en tiempo récord y con capacidad de acoger hasta 40.000 reclusos.

Durante el mes de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al Estado de El Salvador a “restablecer” los derechos suspendidos desde marzo de 2022 bajo el régimen de excepción.

“La CIDH urge al Estado respetar los derechos humanos en la adopción de las medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad, así como a investigar, procesar y sancionar las actividades delictivas”, indicó el organismo en un comunicado.

Agregó que “la CIDH ha alertado al Estado de El Salvador que la suspensión de derechos y garantías, especialmente cuando aplicada de manera indefinida, constituye un mecanismo inadecuado para enfrentar el crimen común” y destacó que se habrían registrado “188 días sin homicidios en los últimos 12 meses”.

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