Este lunes se cumple un año más del incendio del supermercado Ykua Bolaños, que se cobró centenar de vidas.

Son 137 las víctimas que lograron ganar la demanda a los propietarios, las trabas del Poder Judicial hace que el resto quede sin poder ejercer su legítimo derecho de indemnización, a todo esto se suma los costoso tratamientos y cirugías a las que hasta hoy deben someterse los sobrevivientes.

“Jamás han pagado un centavo los imputados por la causa pero pudimos haber cobrado entre intereses y el capital depositado, 7.700.000 dólares eso dividido entre aproximadamente 600 víctimas, entre 400 fallecidos y desaparecidos y heridos, podrían cobrar 12.500  dólares por personas además  de lo que cobraron del Estado”,  dijo Alejandro Nissen, ex abogado de la víctimas a un medio televisivo.

Este es un tema preocupante que debe ser atendido y no cuesta absolutamente nada de que el BNF con el dinero que tiene depositado desde octubre del 2004 pague los intereses.

El dinero depositado para las víctimas es en total, 21.813 millones de guaraníes; 19.460 millones de guaraníes correspondientes al seguro de la firma Mapfre, 353 millones de guaraníes producto de la recaudación de aquel fatídico día, 1º de agosto de 2004 y otros 2 mil millones de guaraníes, por la venta de los locales del Ykuá Bolaños (Los Arcos y el de Multiplaza).

Las condenas

 Ocho personas fueron condenadas en el 2008, tras el incendio, en la actualidad están todas en libertad: Juan Pío Paiva (propietario del súper) tuvo una pena privativa de libertad de 12 años por homicidio doloso en grado eventual y exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos. Quien finalmente estuvo preso por 8 años ya que obtuvo la libertad condicional por  buena conducta en diciembre del 2014.

Víctor Daniel Paiva (hijo de Juan Pío Paiva), a 10 años por homicidio doloso y homicidio en grado de tentativa acabada. Saliendo de prisión en diciembre del 2013 también por buena conducta.

Daniel Areco (guardia de seguridad) a 5 años por homicidio doloso y homicidio en grado de tentativa acabada.

Humberto Casaccia (accionista del super) 2 años y 6 meses por exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos.

El arquitecto Bernardo Ismajovich condenado a 2 años de prisión por fallas en la construcción.

También tuvo su parte de responsabilidad la Municipalidad de Asunción que tiene a su cargo aprobar los planos, la omisión le valió 1 año 6 meses a los funcionarios: Jorge Gamarra Morínigo, Jesús María Insaurralde y Rodrigo Castillo por el delito de producción de riesgos comunes. 

Las víctimas habían acusado de "prófugos de la justicia" al intendente Enrique Riera, actual ministro de Educación y a su antecesor en la administración comunal, Martín Burt, ya que los planos del super fueron  aprobados en gestión de Burt y nunca fue fiscalizado en la época de Riera.