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Los pobladores de Puerto Casado luchan por el acceso a la tierra en la que nacieron, al igual que sus padres y abuelos. Sin embargo, en medio de una maraña judicial que parece no tener fin, el traspaso de la titularidad de las propiedades a los casadeños no puede efectuarse.

Incluso, existe una ley que estipula que la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial (conocida como la Iglesia de la Unificación o Secta Moon) debe ceder parte de sus tierras a los miles de casadeños. No obstante, este proceso se encuentra estancado debido a los procesos judiciales que afectan directamente este derecho de los habitantes de Puerto Casado. Una de estas causas es la que actualmente está siendo investigada por el agente fiscal Luis Piñanez.

Desde 2017, varias personas, incluyendo a Preston Moon (hijo del exlíder de la secta Sun-Myung Moon), su socio estadounidense Kiantar Betancourt y otros, están imputados por presunta estafa en grado de tentativa y producción mediata de documento público de contenido falso.

Preston Moon aún no se ha presentado ante la Justicia paraguaya y tampoco se ha llevado a cabo la audiencia de imposición de medidas.

"Nunca se realizó la audiencia de imposición de medidas debido a diversos recursos presentados durante la fase investigativa, incluyendo recusaciones y otros procedimientos que se han desbloqueado", comentó el fiscal en una entrevista televisiva.

Un dato importante es que esta supuesta estafa de la Asociación derivó en un juicio civil y sentencia donde cuatro empresas offshore de paraísos fiscales reclamaron 310 mil hectáreas de tierras. Esta resolución fue cuestionada por presunta contravención a la Ley de Seguridad Fronteriza y llevó a la expulsión de la jueza Tania Irún del Poder Judicial.

¿JUSTICIA ENDEBLE?

Durante más de cinco años de proceso, Preston Moon nunca se ha presentado personalmente, ni siquiera en la vereda del Ministerio Público ni del Juzgado Penal de Garantías. Tampoco se ha solicitado su comparecencia mediante una resolución de rebeldía, orden de detención, captura u otra medida similar.

El agente fiscal Luis Piñanez menciona que el Poder Judicial o el Ministerio Público deben determinar la forma de notificar a Preston Moon sobre su imputación. Al ser preguntado si considera que esta persona evita someterse al proceso, dijo:

"No puedo determinar si quiere o no someterse al proceso. Lo que hay es una imputación que eventualmente el órgano judicial o fiscal debe determinar la manera de hacer saber de la imputación a esa persona. Existen mecanismos como interpol y asistencia jurídica para llevar a cabo esta notificación".

El fiscal del caso también señaló que es difícil determinar si existe un privilegio en favor del hijo del exlíder de la Secta Moon.

"Al no haber una medida restrictiva de libertad, una orden de prisión o una acusación fiscal, es difícil establecer si esa persona se niega o no a someterse al proceso", explicó Piñanez.

Según fuentes judiciales, no solo Preston Moon ha evitado ponerse a disposición de la justicia paraguaya, sino también otros coimputados como Jesús González Lozaga, Shin Donggwan y Lee Hyun Min.

SIGUE EL CASO

La jueza Penal de Garantías, Clara Ruiz Díaz, rechazó la excepción de prescripción presentada por los procesados en el caso de Moon y otros, argumentando que el período para la realización de la conducta comenzó en septiembre de 2014 y se imputó en el 2017 y luego se interrumpió. El proceso se reanudó en septiembre de 2019 y hasta la fecha han pasado seis años y un mes, por lo que no se ha cumplido el plazo de prescripción de la acción penal.

Este complejo entramado legal tiene un impacto directo en los habitantes de Puerto Casado y en el compromiso de la Iglesia de la Unificación de ceder tierras a la Municipalidad y a los casadeños, lo que involucra aproximadamente 35 mil hectáreas.

En 2007, la Iglesia (Secta Moon) donó estas tierras a los habitantes de Puerto Casado mediante la Ley N° 3294, pero este proceso se ha visto amenazado por la serie de eventos mencionados anteriormente.

Hasta ahora, no se ha podido realizar la transferencia de estas tierras debido al litigio generado por el supuesto préstamo y las acciones legales de las empresas involucradas.