Gentileza

En base a las declaraciones del abogado Carl Gwynn, surge un tema de gran relevancia en el sistema judicial actual. Gwynn argumenta que nos encontramos ante una situación inusual y problemática que debió haber sido declarada nula hace mucho tiempo.

La ex juez de primera instancia en lo Civil y Comercial de Asunción, Tania Irun, expulsada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), firmó una resolución que transfiere 310 mil hectáreas de tierras del Chaco, protegidas por le Ley de Seguridad Fronteriza, en favor de empresas offshore que no están registradas en Paraguay.

Según el abogado de la Asociación Espíritu Santo, dueñas de las tierras, las resoluciones dictadas hasta ahora han sido fundamentadas en contra de lo que establece la ley, lo que lleva a un escenario donde se estaría obligando a cumplir algo que la ley prohíbe.

Este fenómeno se asemeja a un "crimen perfecto", pero explicó que las decisiones judiciales han sido tomadas en contradicción con las leyes vigentes, específicamente de la Ley de Seguridad Fronteriza. Estamos, por tanto, frente a resoluciones de cumplimiento imposible, señaló.

El caso en cuestión involucra un pedido de intimación por parte de los representantes de una empresa demandante. A pesar de que el expediente tiene más de 10 años, estas empresas no están registradas y, por ende, no existen legalmente en Paraguay. Este hecho es crucial, ya que estas empresas no cumplen con los requisitos establecidos por la Ley de Seguridad Fronteriza del país. El abogado argumenta que estas circunstancias son prueba suficiente para que la Procuraduría General de la República inicie un juicio de anulación. Según Gwynn, la sentencia es de incumplimiento imposible debido a la falta de existencia legal de las empresas demandantes.

Esta situación plantea interrogantes sobre la integridad del sistema judicial y subraya la necesidad imperante de cumplir con las leyes y regulaciones establecidas. La discrepancia entre las decisiones judiciales y las normativas legales crea un dilema ético y legal que necesita ser abordado de manera inmediata y efectiva, puesto que además afecta a que los pobladores de Puerto Casado puedan ser beneficiarios de las tierras, puesto que existe una Ley que establece que la Asociación Espíritu Santo ceda la titular de parte de sus tierras a los casadeños.