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Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, presentó imputación en contra de Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, director de administración y finanzas de la comuna.

Ambos fueron procesados por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza, administración en provecho propio, ambos en calidad de autores y asociación criminal.

Otras 11 personas también fueron imputadas por lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y asociación criminal, informaron los periodistas de Última Hora Wilson Ferreira y Liz Acosta.

Estas personas son sindicadas de formar parte de un esquema encabezado por Prieto, que supuestamente desviaba recursos municipales a través de licitaciones públicas direccionadas a empresas afines o funcionales a su persona, causando perjuicio patrimonial al municipio esteño

Las demás personas procesadas son: Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado), Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A., Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi, Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación, Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la Municipalidad.

Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal, Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la Municipalidad y administrador del contrato, Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna, Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

Los intervinientes requirieron al Juzgado Penal de Garantías, las medidas cautelares como fianza personal o caución real, la inhibición general de enajenar y gravar bienes, trabar embargo preventivo de todas las cuentas habilitadas en el sistema financiero.

Prieto habría promovido una licitación para adquirir insumos para panificados
Conforme al antecedente de la causa, Miguel Prieto, ordenador de gastos y administrador general de la comuna, entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos por la pandemia de Covid-19, con supuestos fines sociales.

Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados que todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional al intendente.

El perjuicio ocasionado a las arcas municipales sería de G. 306.188.500, pago realizado a la empresa proveedora por mercaderías inexistentes, según el Ministerio Público.

uhora