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El Ministerio Público, por instrucciones del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, ya dejó en manos del Poder Judicial que se pronuncien respecto a la devolución de los fueros de los senadores Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola.
Fueron los fiscales Silvio Corbeta, Natalia Fuster (ambos de la Unidad de Anticorrupción) y Patricia Sánchez los que solicitaron en varias instancias del Palacio de Justicia que los jueces y ministros saquen una postura.

Hablan de que el “des-desafuero” es nulo, por chocar con la Constitución Nacional.

El Congreso, con 23 votos de senadores, el pasado 5 de abril había determinado revocar la decisión que habían tomado de desaforarles a los legisladores.

Todo esto, como un apriete para que los parlamentarios cedan en quitarle los fueros al ex presidente Mario Abdo Benítez, según confirmó el senador Basilio Bachi Núñez.

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GALEANO. El fiscal Silvio Corbeta –quien el 24 de mayo debe acusar o presentar otro requerimiento conclusivo contra el senador Erico Galeano– pidió un pronunciamiento al juez del Crimen Organizado Osmar Legal, el ex fiscal que había llevado varias causas contra el líder del Partido Colorado, Horacio Cartes, sin imputarlo.

“Estas resoluciones estarían en colisión con la Constitución”, señaló Corbeta.

En el artículo 248 de la Carta Magna habla de la independencia del Poder Judicial y que “en ningún caso, los miembros de los otros poderes, ni otros funcionarios, podrán arrogarse atribuciones judiciales que no estén expresamente establecidas por esta Constitución, ni paralizar los existentes, ni intervenir en los juicios”.

Según la ley, “actos de esta naturaleza conllevan nulidad insanable”.

También citó el artículo 137, donde dice que “carecen de validez las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución”.

Erico está imputado por lavado de dinero y asociación criminal, ligado supuestamente al grupo liderado por Miguel Ángel Insfrán y Sebastián Marset, ambos presuntos narcotraficantes.

RIVAS. Respecto a Rivas, imputado por la presunta falsificación de su título de abogado, la fiscala Patricia Sánchez también solicitó el pronunciamiento jurisdiccional al Tribunal de Apelaciones.

Citó que la decisión del Senado afectaría el curso del proceso penal.

FILIZZOLA. Por su parte, la fiscala Natalia Fuster pidió a la Sala Constitucional de la Corte un pronunciamiento, “pues por la misma se paraliza la presente causa” y que estos aspectos la Constitución Nacional declara de “nulidad insanable”.

“Al ser de ningún valor, no deberían afectar el presente proceso, por lo cual el pronunciamiento resulta esencial”, dijo Fuster.

Filizzola está acusado por el caso conocido como comisarías de oro, que habría ocasionado un perjuicio que rondaría los G. 1.200 millones, cuando se desempeñaba como ministro del Interior.

uhora