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La Procuraduría General de la República, encabezada por el reconocido académico y profesional del Derecho Marco Aurelio González, aún no ha procedido contra Tania Irún, quien supuestamente violó la Ley de Seguridad Fronteriza al ceder tierras protegidas a empresas offshore.

Estas tierras, ubicadas en el departamento de Alto Paraguay, están valoradas en 500 millones de dólares y están bajo protección especial de la Ley 2532, que establece la zona de seguridad fronteriza de Paraguay.

El doctor Osvaldo Bittar, representante legal de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, ha instado a la Procuraduría a actuar con firmeza. Bittar ha señalado que el procurador nacional debe intervenir, ya que la Ley 2532 es clara en cuanto a las sanciones por contravenciones.

"El procurador nacional debe tomar cartas en el asunto, y yo le pido al procurador general qué se mueva al respecto porque la Ley 2532 es clara, Tania Irún es susceptible a una multa donde se beneficia al Estado paraguayo a los efectos de precautelar la soberanía, la Ley de Seguridad Fronteriza y las tierras que ella transfirió a empresas de maletín", enfatizó el abogado.

A pesar de que la Procuraduría posee la documentación necesaria desde hace años, hasta el momento no ha tomado ninguna acción decisiva.

DISPOSICIONES LEGALES
El artículo 8 de la Ley de Seguridad Fronteriza establece que los actos jurídicos contrarios a esta ley serán nulos, además de las sanciones correspondientes a jueces, funcionarios y notarios públicos involucrados.

Inclusive agrega en el mismo articulado que la nulidad de estos actos conlleva una multa equivalente al doble del valor de la operación.

En 2018, Tania Irún, en su calidad de jueza de primera instancia en lo Civil y Comercial de Asunción, ordenó la transferencia de 310 mil hectáreas de tierras protegidas de la Asociación Espíritu Santo a empresas de maletín de paraísos fiscales. Esta decisión llevó a su expulsión por parte del JEM, su ratificación por la Corte Suprema y actualmente está a la espera de juicio por prevaricato.