GENTILEZA

Las autoridades han sido notificadas oficialmente de la resolución de la Cámara de Diputados, que solicita la defensa de las tierras del Estado ubicadas en Puerto Casado y Puerto Pinasco, en Alto Paraguay. Esta notificación fue presentada por el abogado Gerardo Galeano Guerrero, representante de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, en medio del proceso judicial contra la exjueza Tania Irún.

El Ministerio de Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Dirección General de Registros Públicos y la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro fueron los principales estamentos notificados por esta instancia legislativa. La Cámara de Diputados, a través de su declaración N° 549, emitida el 31 de julio de 2024, hizo un llamado urgente a estos organismos, instando a la protección de las tierras en cuestión, fundamentales para la reforma agraria y el desarrollo rural en la región.

El caso de la exmagistrada, acusada de prevaricato, se centra en la supuesta transferencia de 310 mil hectáreas de tierras protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza, cedidas a empresas de maletín. Estas tierras, valuadas en 500 millones de dólares, fueron donadas al Estado para el beneficio de los habitantes de Casado, y la acción de los diputados busca asegurar su defensa y protección frente a cualquier irregularidad.

Los legisladores han dejado claro que cualquier transgresión a la normativa vigente debe ser sancionada, y que se debe garantizar la preservación de los derechos territoriales de las comunidades locales. Asimismo, la Cámara instó a las autoridades a tomar medidas contundentes para salvaguardar el patrimonio del Estado.

El juicio oral y público contra Tania Irún, que sigue siendo esperado con gran atención, podría tener repercusiones significativas en la administración de justicia y en la gestión de tierras en Paraguay. La evolución de este caso determinará el futuro de estos recursos y la integridad del sistema judicial en la protección de los intereses del Estado y de su población.