GENTILEZA

Desde agosto la Cámara de Apelaciones tiene en su poder el recurso dilatorio presentado por la exjueza Tania Irún, acusada por prevaricato por la fiscal adjunta de Delitos Económicos, Anticorrupción y Lavado de Dinero, Soledad Machuca. La situación se agravó cuando el juez penal de Garantías, Yoan Paul López, rechazó el pedido de sobreseimiento definitivo y decidió elevar la causa a juicio oral y público.

Irún, quien se desempeñaba como jueza de primera instancia en lo Civil y Comercial de Asunción, emitió en 2018 una sentencia que obligó a la Asociación Espíritu Santo a transferir 310 mil hectáreas de tierras del Chaco a cuatro empresas, que se sospecha son de maletín, registradas en paraísos fiscales como Chipre y las Islas Vírgenes Británicas.

Las firmas implicadas reclaman un supuesto préstamo de 15 millones de dólares, mientras que las tierras en cuestión están valoradas en 500 millones de dólares y están protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza.

RELACIÓN CERCANA

La participación del camarista Cristóbal Sánchez en este caso ha levantado cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso. Se le conoce por su amistad con Rodolfo Irún, padre de Tania, y ha optado por no apartarse del caso, lo que ha generado dudas respecto a su objetividad. Sánchez ya había formado parte del Tribunal de Apelaciones durante la imputación de Irún, junto a José Waldir Servín y Agustín Lovera Cañete.

Este vínculo con la familia Irún ha sido objeto de críticas desde 2006, cuando varios medios destacaron su cercanía con Rodolfo Irún Alamanni, ex presidente del Consejo de la Magistratura. En junio de 2022, el periódico El Independiente había señalado la posible complicidad y el corporativismo entre los camaristas e Irún, denunciando que la Cámara de Apelaciones había tardado varios meses en resolver otros incidentes relacionados con este caso.

En la actualidad, la Cámara de Apelaciones se enfrenta al desafío de decidir sobre el recurso de la exjueza, quien apela la resolución del 20 de agosto de 2024 que denegó su sobreseimiento. La decisión del juez Yoan Paul López establece que el caso debe ser llevado a juicio oral, donde Tania Irún se enfrentará a la acusación de haber favorecido de manera irregular a las cuatro empresas de maletín, entregándoles tierras protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza.

PROBLEMA SOCIAL

Este caso tiene un alto valor social, ya que la compleja maraña judicial que lo rodea impide que los habitantes de Casado se conviertan en los legítimos dueños de sus tierras. La Asociación Espíritu Santo ha manifestado su voluntad y compromiso de cumplir con la Ley 3294, asegurando que los casadeños sean los verdaderos titulares de sus tierras, tanto de hecho como de derecho. Las 310.000 hectáreas cedidas a las empresas de maletín comprenden 26 fincas, de las cuales 11 están directamente vinculadas a la Ley 3294 y deben ser transferidas a los casadeños.

A pesar de que la donación de tierras fue aprobada, la donante fue condenada en un controvertido juicio civil a ceder los terrenos a empresas de maletín registradas en paraísos fiscales. Ante esta situación, la Cámara de Diputados ha enfatizado la necesidad de proteger el patrimonio del Estado paraguayo, de acuerdo con la Ley Nº 3294/2007, que resguarda las tierras de Puerto Casado donadas por la Asociación Espíritu Santo.