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Según los antecedentes, todos los procesados fueron previamente sentenciados por distintos juzgados de la Niñez y Adolescencia de Alto Paraná a pagar diferentes montos mensuales a favor de sus respectivos hijos menores. Dichas sumas debían ser depositadas en cuentas judiciales habilitadas en el Banco Nacional de Fomento (BNF).

Sin embargo, los sindicados incumplieron las disposiciones judiciales, por lo que fueron denunciados ante el Ministerio Público por las madres de los niños. Tras analizar cada caso y luego de requerir los informes respectivos a la entidad bancaria, el fiscal Giménez decidió imputar a los denunciados al confirmarse el incumplimiento del deber legal alimentario.

Los nombres de los imputados y demás detalles de los casos se mantienen en reserva para proteger la identidad de las víctimas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia.

Asimismo, el fiscal Alcides Giménez remitió una treintena de denuncias por prestación alimentaria a la Oficina de Mediación del Poder Judicial a fin de que puedan ser dilucidadas.