GENTILEZA

En medio de la disputa por tierras que los pobladores de Puerto Casado esperan recibir como legítimos propietarios, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, anunció que no tomará acciones inmediatas para asegurar el cumplimiento de la Ley N.º 3294/2007. Esta ley regula la cesión de terrenos donados por la Asociación Espíritu Santo y Atenil S.A. al Estado paraguayo, destinados a los habitantes de Puerto Casado.

La Ley de Seguridad Fronteriza impone al Ministerio de Defensa la obligación de actuar ante cualquier vulneración de las tierras fronterizas. Sin embargo, González se refirió al caso de la ex jueza Tania Irún, quien cedió 310 mil hectáreas de tierras protegidas a empresas vinculadas a paraísos fiscales en las Islas Vírgenes Británicas y Chipre, afirmando que no intervendrá hasta que se resuelva el juicio penal en su contra.

“Al elevar la causa penal a juicio oral, debemos aguardar la resolución del mismo. Esto en el ámbito penal. En cuanto a la parte civil, seguimos aguardando el finiquito de la inscripción de la sentencia relacionada con los inmuebles, por ende, el cambio de titularidad”, dijo González.

Recordemos que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) destituyó a Tania Irún en 2022 por violaciones a la Ley de Seguridad Fronteriza al ceder las tierras valorizadas en 500 millones de dólares a cuatro offshore. Los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, votaron a favor de su destitución, considerando que había infringido la normativa de forma flagrante. Actualmente, la causa penal en su contra ha sido elevada a juicio oral por el juez Yoan Paul López, mientras que el Ministerio Público busca un sobreseimiento definitivo, a la espera de una revisión final del fiscal general del Estado.

Tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores han instado al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Defensa Nacional, a la Procuraduría General y a la Corte Suprema a garantizar la protección de las tierras. Estas propiedades son vitales para los casadeños, quienes desean convertirse en propietarios legítimos tras años de espera.

En 2022, el Ministerio de Defensa remitió los antecedentes del caso a la Procuraduría, pero hasta la fecha no se han tomado medidas. Informes de la Comisión Interinstitucional de la Zona de Seguridad Fronteriza (CIZOSEF) confirman que las tierras cedidas a empresas extranjeras están ubicadas en una zona estratégica, protegida por leyes especiales que resguardan la soberanía territorial paraguaya.

Las resoluciones del Congreso expresaron su preocupación ante la posibilidad de que jueces y otros funcionarios faciliten la transferencia de tierras sin respetar la normativa de seguridad fronteriza y la ley de donación. Este contexto de aparente inacción plantea dudas sobre la protección de los derechos de los casadeños.

En relación a una posible reunión con el empresario peruano Ernesto Orbegoso, el pasado 27 de agosto en el Ministerio de Defensa, González afirmó: “No conozco a esa persona y no lo recibí en audiencia”, aclarando que, hasta donde tiene conocimiento, ninguna otra autoridad del Ministerio de Defensa se ha reunido con Orbegoso.