GENTILEZA

En las inmediaciones del Gran Pantanal, en el Puerto Leda del departamento de Alto Paraguay, la Fundación para el Desarrollo Sustentable de las Américas del Norte y del Sur, liderada por misioneros japoneses, lleva más de 25 años desarrollando un proyecto de conservación y desarrollo comunitario. Su misión en la zona ha estado enfocada en preservar el ecosistema mediante actividades piscícolas, como la cría y repoblación de especies nativas, que luego son liberadas en el río Paraguay. Además, la organización ha trabajado estrechamente con las comunidades locales, incluyendo poblaciones indígenas, promoviendo proyectos de desarrollo social y ambiental.

Sin embargo, el futuro de esta misión está ahora en duda. La Fundación ha tomado conocimiento de que las tierras que arrienda y en las que ha invertido millones de dólares están siendo transferidas a empresas offshore en aparentes operaciones irregulares. Estas propiedades, que hasta ahora pertenecen a la Asociación Espíritu Santo, han sido entregadas a firmas registradas en paraísos fiscales, en contravención de las leyes paraguayas.

Este hecho ha llevado a los misioneros a presentar acciones judiciales ante el juez Juan Blanco, en Asunción, quien hasta el momento ha rechazado sus solicitudes para proteger los derechos de la Fundación sobre el terreno, dejándolos judicialmente desamparados. Ante esta situación, la Fundación ha decidido llevar a cabo gestiones diplomáticas y judiciales adicionales para denunciar estos movimientos que amenazan su misión.

RIESGO

Desde 1999, la Fundación japonesa tiene un contrato de arrendamiento con la Asociación Espíritu Santo, con una opción a compra de las tierras. En este tiempo, la organización ha realizado importantes inversiones en infraestructura para sostener su labor misionera y de conservación en Alto Paraguay. Sin embargo, la compleja situación judicial que rodea las propiedades amenaza con anular el acuerdo de larga data, y ahora el proyecto que lleva más de 25 años en la región corre el riesgo de perder su sede y sus tierras.

El conflicto actual se centra en el proceso judicial “Cusabo Limited y otros c/ Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial s/ cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”, donde varias empresas extranjeras reclaman derechos sobre las propiedades. Estas empresas, Cusabo Limited y Kyveloria Limited de Chipre, junto con Elite Kingdom Investments Limited y Firstar Investments Limited de las Islas Vírgenes Británicas, buscan la titularidad de 310 mil hectáreas, valoradas en aproximadamente 500 millones de dólares.

Este lote incluye áreas asignadas a la Fundación y también otras designadas para los pobladores de Puerto Casado, quienes también han manifestado su preocupación ante el posible cambio de propietarios.

En 2018, Tania Irún, ex jueza de primera instancia en lo Civil y Comercial de la capital, falló a favor de estas empresas extranjeras, transfiriendo las tierras en cuestión. La decisión de Irún fue ampliamente criticada y le costó su cargo en 2021, cuando el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) votó su destitución por violaciones a la Ley de Seguridad Fronteriza. Esta ley, que prohíbe la tenencia de tierras por extranjeros en zonas fronterizas sin la autorización del Poder Ejecutivo, habría sido transgredida en el fallo que benefició a las firmas offshore.

Las tierras en cuestión no solo son el sitio de la misión japonesa, sino que también son clave para la seguridad del ecosistema del Gran Pantanal y de las comunidades locales. En estos terrenos, los misioneros han trabajado durante décadas en la cría de peces y en otros proyectos de conservación que han beneficiado tanto al medio ambiente como a los pobladores de la zona.

Sin embargo, el proceso de transferencia a empresas extranjeras no solo amenaza con desalojarlos, sino también con desmantelar años de esfuerzos por el desarrollo sustentable y la protección de esta área de alto valor ecológico.

La Fundación japonesa y las comunidades de Puerto Casado ahora se encuentran en alerta ante la posibilidad de que la Justicia permita la entrega final de las tierras a los extranjeros, lo que dejaría a la misión en Puerto Leda sin un espacio físico para operar y a los casadeños sin la esperanza de recibir los terrenos prometidos.