GENTILEZA

La Fundación para el Desarrollo Sustentable de las Américas del Norte y del Sur presentó una acción judicial de nulidad para defender las tierras de Puerto Leda, en la zona del Gran Pantanal, donde desarrollan una misión de desarrollo social y ambiental. El juez Juan Blanco no otorgó medidas de urgencia, explicó el abogado Milciades Benítez. La fundación arrienda tierras que Tania Irún habría entregado a empresas de maletín.

“Presentamos una acción judicial de nulidad para proteger toda la inversión y el proceso que pretende elevar a escritura pública estos contratos privados, que a nuestro criterio fueron realizados fraudulentamente entre los entonces representantes de la Asociación Espíritu Santo y varias empresas de maletín. La ejecución de estos contratos atenta contra derechos previos”, explicó Benítez, representante legal de la Fundación.

La organización trabaja desde hace aproximadamente 25 años en las inmediaciones del Gran Pantanal, en Puerto Leda, departamento de Alto Paraguay, desarrollando un proyecto de conservación y desarrollo comunitario. Las actividades incluyen piscicultura, como la cría y repoblación de especies nativas, e integran a poblaciones indígenas, promoviendo proyectos de desarrollo social y ambiental.

“La fundación, que reúne a misioneros japoneses presentes en Puerto Leda desde hace aproximadamente 25 años, tiene un contrato de arrendamiento con opción a compra con la Asociación Espíritu Santo”, señaló Benítez.

Recientemente, al solicitar informes judiciales, se percataron de que las tierras de Puerto Leda, ubicadas a unos 200 kilómetros de Puerto Casado, están en disputa en un proceso judicial privado.

El conflicto actual gira en torno al juicio “Cusabo Limited y otros c/ Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial s/ cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”, donde varias empresas extranjeras reclaman derechos sobre las propiedades. Estas empresas, entre las que se encuentran Cusabo Limited y Kyveloria Limited de Chipre, junto con Elite Kingdom Investments Limited y Firstar Investments Limited de las Islas Vírgenes Británicas, buscan la titularidad de 310 mil hectáreas valoradas en aproximadamente 500 millones de dólares.

Este lote incluye áreas asignadas a la Fundación y terrenos designados para los pobladores de Puerto Casado, quienes han expresado su preocupación ante el posible cambio de propietarios. “El juez Juan Blanco no nos ha otorgado medidas cautelares para proteger los intereses en juego”, lamentó el abogado Benítez.

En 2018, Tania Irún, ex jueza de primera instancia en lo Civil y Comercial de la capital, falló a favor de estas empresas extranjeras, transfiriendo las tierras en cuestión. Aunque Irún ya no está en la judicatura, tras haber sido expulsada en 2018 y acusada de prevaricato, las consecuencias de su fallo siguen generando controversia.