Justo Cárdenas, presidente del Indert

(Agencia IP)“En Guahory los lotes no son del Indert y en la actualidad las tierras son de propiedad privada. Sólo con un juicio de nulidad de títulos se podría recuperar esas tierras, ya que los títulos de los colonos brasileños son legales, por estar inscriptos en el Registro de la Propiedad”, explicó Cárdenas este lunes.

Explicó que un juicio de nulidad de títulos lleva por lo menos 10 a 15 años y afirmó que promover tal acción sería “imprudente” por parte del Estado porque generaría un caos jurídico del cual no podríamos salir. “El Estado paraguayo no puede desconocer un título que ha entregado, porque generaría un caos e inestabilidad jurídica”, ratificó.

Para el presidente del Indert la solución para el reclamo de las familias campesinas sería su reubicación en otras tierras. Señaló que existen casi 1.300.000 hectáreas de tierras recuperables ya que de las 3.200.000 hectáreas compradas por el Estado, por lo menos el 45 % está en manos de personas que no califican como sujetos de la reforma agraria”.

Aclaró sin embargo que en la zona de Guahory existen muy pocos lotes que podrían ser recuperados por el Indert ya que el 85% de las tierras están tituladas. “Se han adquirido esos lotes con el Estatuto viejo, del año 2002, que posibilitaba la compra de lotes fiscales o públicos por parte de extranjeros. Lastimosamente, en este caso, son personas que ni siquiera viven en Guahory, viven en Foz de Yguazú, San Pablo, en Ciudad del Este”, refirió.

Remarcó que anteriormente los extranjeros se podían adquirir tierras sujetas a la reforma agraria. “Esta era una colonia del IBR en aquel entonces, y las tierras fueron adquiridas en su mayoría por ciudadanos de origen brasileño. En ese momento era legal y legítimo, hoy en día ya no se puede, porque la reforma agraria se canaliza para ciudadanos paraguayos según la nueva Ley”, explicó el titular del ente rural.

Finalmente, dijo que esa “no es una tarea fácil” porque requiere de una tarea conjunta, complementaria con el Poder Judicial, la Fiscalía, el Poder Ejecutivo. “Si hay voluntad política de todas las partes, podemos avanzar en el proceso de recuperación de las tierras públicas”, concluyó.