Fiscala Maria José Pérez. Foto gentileza.

(IP). Las medidas consisten en, prohibición absoluta de acercarse a la sede de la municipal, a los concejales y a los miembros de la comisión vecinal, quienes realizaron la denuncia.

Además, la representante del Ministerio Público solicitó caución real, prohibición de salida del país, obligación de mantener domicilio fijo y que el hoy procesado firme de manera mensual en la secretaría del juzgado, informa prensa de la Fiscalía General del Estado.

Según los antecedentes la fiscal María José Pérez intervino en la causa tras una denuncia formulada por miembros de la comisión vecinal de San Antonio y exediles de la localidad contra el intendente reelecto Raúl Mendoza, por supuestas irregularidades con los fondos municipales.

Según consta en el documento, la imputación es consecuencia de los resultados arrojados por el primer dictamen pericial contable llevado a cabo por la perito del Misterio Público, Perla Recalde, consistente en un supuesto faltante de 1.200 millones de guaraníes de los recursos provenientes de royalties y Fonacide, durante el periodo 2010 – 2015.

La fiscala Pérez indicó el informe remitido por la  Contraloría General de la República, en el cual suspenden la trasferencia de fondos productos del Fonacide, hasta que el intendente presente su rendición de cuenta, se constituyó en un elemento probatorio de sospecha de mucho valor para el Ministerio Público.