Justo Cardenas, titular del Indert.

Los datos consignados en los contratos por parte del representante legal de cada ONG tienen carácter de declaración jurada, y si los datos proporcionados no se ajustan a la realidad, los directivos de las organizaciones deberán responder ante la justicia por cualquier eventual hecho punible, como sería la producción de documentos públicos de contenido falso, afirma la institución en un comunicado.

El Indert sostiene que como institución del Estado cumple estrictamente su rol misional estipulado en el Art. 39 de la Ley Nº 2.419/2004 que creó el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), en lo concerniente a la contratación de servicios.

Esta ley establece que “el Instituto dará prioridad a la ejecución de inversiones consignadas en los artículos precedentes a los gobiernos municipales o departamentales. Se recurrirá a la ejecución tercerizada cuando ello implique utilización más eficiente de sus recursos y garantía de cumplimiento de calidad en las prestaciones requeridas. Al mismo efecto, podrá suscribir convenios operativos con otras instituciones especializadas del sector público u otras entidades u organizaciones no gubernamentales que no persigan fines de lucro”.

Asimismo, señala el comunicado, como ya lo hizo al inicio de la actual administración, el 18 de junio de 2014, cuando denunció ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción las presuntas multimillonarias irregularidades detectadas en el uso de los fondos del FIDES por las ONGs durante gobiernos anteriores, el ente rural no dudará un segundo en seguir accionando judicialmente para evitar cualquier daño patrimonial.

De hecho, añade, el 9 de mayo de este año el propio presidente del Indert, Justo Cárdenas, se puso a disposición de la justicia, de motus propio, solicitando a la Fiscalía investigación sobre la construcción de los sistemas de agua potable, ratificando su predisposición y vocación de transparencia, al tiempo de someterse a la jurisdicción de los órganos de controles normales y legítimos: la justicia, la Contraloría General de la República, el Congreso Nacional y la Auditoría del Poder Ejecutivo.

“El ente rural está enmarcado en la actualidad en un esfuerzo titánico de dotar de agua potable a las comunidades rurales luego de años de ausencia de Estado en el campo. Resultado de esta política de Estado, a la fecha ya se recepcionaron unos 62 sistemas de agua potable construidos en diferentes departamentos”, concluye el comunicado.