Los exministros Luis Rojas y Francisco De Vargas.

El viernes de la semana pasada, el fiscal Martín Cabrera imputó a De Vargas y a Rojas.

El juez penal de Garantías, especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, Humberto Otazú, estudia la imputación presentada la semana pasada contra los exministros del Interior, Francisco De Vargas, y de la Senad, Luis Rojas, y otras nueve personas, por la compra supuestamente sobrefacturada de equipos de escuchas telefónicas.

Esta mañana, el magistrado resolverá si admite o no la imputación. En caso de que le dé trámite, deberá convocar a los imputados para la audiencia de imposición de medidas cautelares.

En la causa también están imputados los directivos de Televox, Nicasio Bóbeda y Alfredo Bóbeda, por contrabando y producción de documentos no auténticos. En tanto que la contadora de la firma, Silvia Jara Acha, está imputada solo por producción de documentos no auténticos.

Igualmente, fueron imputados por lesión de confianza, en carácter de cómplices, seis exfuncionarios de la Senad. Entre ellos, Alberto Daniel Ferreira Martí, exencargado de la Unidad Operativa de Contrataciones de la institución, quien habría firmado el dictamen de evaluación y recomendación para la adquisición y adjudicación a la empresa.

Asimismo, Jessica Paola Reyes, exasesora Jurídica de la Dirección Administrativa y Financiera de la Senad, quien también supuestamente firmó el dictamen; Antonio Salvador Pereira, exdirector Administrativo, quien fiscalizó todo el proceso de adquisición y luego, habría firmado las documentaciones correspondientes para el desembolso por el bien adquirido; Silvio Amarilla, agente especial, exdirector de Inteligencia de la Senad, quien firmó el acta de recepción de los equipos.

La lista sigue con Hugo Daniel González, quien se desempeñaba como coordinador del Departamento de la U.O.C. y es el que habría recomendado la adquisición de los equipos. Por último, Javier Benítez, exdirector del Departamento de Administración, ya que habría elevado a consideración del Ministro Ejecutivo de la Senad, la autorización para la contratación vía excepción para la adquisición de los equipos.

La causa tiene que ver con la compra irregular de dos equipos de escuchas telefónicas adquiridos para la Senad. En el 2012, De Vargas, siendo titular de esta institución desembolsó G 9 406 millones por el denominado “sistema de rastreo sensitivo móvil”, operación que para la Fiscalía fue innecesaria, ya que el equipo ni se habría utilizado.

La segunda compra de los llamados “equipos tácticos de comunicación” fue realizada por el entonces ministro Luis Rojas, por los que pagó G 1 250 millones.

Para ambas operaciones se recurrió a la firma Televox SRL, creada solamente para consumar estas transacciones con la Senad, según la imputación. El Ministerio de Hacienda y la Dirección de Aduanas informaron que Televox solamente realizó las dos operaciones, y luego ya no reportó movimiento.

El total pagado por la Senad fue de unos USD 2.500.000.