La primera modificación aceptada - artículo 68 - incluye al texto original, la prohibición de aceptar o recibir, directa o indirectamente, aportes de empresas concesionarias del Estado; entre tanto, el segundo cambio, se registra en el artículo 282, y responde a un error semántico, según se explicó.

Cabe recordar que el espíritu de este proyecto apunta a prohibir que personas acusadas por tráfico de drogas y otros delitos conexos, puedan aportar dinero a las campañas políticas.

Si bien todos los oradores coincidieron en la necesidad de contar con una Ley que regule el aporte y otorgue transparencia a los procesos electorales, uno de los puntos de discrepancia entre las dos versiones, que más preocupó a los parlamentarios, fue el inciso G del artículo 68.

Allí, el Senado estableció que las personas "condenadas" por narcotráfico no podrán aportar dinero a las campañas políticas, mientras que en la Cámara Baja se estipuló que los "acusados" por comisión de hechos punibles graves, quedaban vedados para aportar a campañas políticas.