La agente fiscal Alba Delvalle fue asignada para la investigación de esta causa y tras el traslado de la misma a una Unidad Penal Ordinaria, asumió la responsabilidad en la investigación de la causa la fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Nadine Portillo.

Los procesados son María Magdalena Insfrán Fernández, Luis Alberto Arguello Acuña, Secundino Zorrilla Morínigo, Rodolfo Arcadio Pavón Barrios, David Teófilo Gómez Patiño, Darío Ramón Galván Ruiz Díaz y Cesar Darío Ortiz Enciso.

Además se encuentran imputados en la misma causa Federico Ramón Núñez, Pedro Luis Trinidad, Isidro Javier Goincalves Bareiro, María del Carmen Viera Medina, Pedro Neri Ramírez Ojeda, Pedro Neri Ramírez Ojeda, Andrés Arnaldo Benítez Sánchez, Francisco Lezcano de Colman, Reimunda Navarro de Barrozo y Silvia Martínez Peña.

Asimismo están presuntamente implicados en el ilícito Carolina Concepción Leguizamón, Ingrid Johana Bernal Ayala, Nancy Beatriz Vera Melo, Senón Alderete, Alva Rossana González Larrea, Yami Raquel Jiménez, Orlando Ranulfo Benítez Velázquez, Zulma Daniel Aveiro Riveros.

La lista de imputados finaliza con Zulma Daniela Aveiro Riveros, Waldir Isaías Da Silva Bogado, José Rafael Ayala Caje, José Rodríguez Moreno Cantero y Walter Ronaldo Sarubbi Cantero.

La denuncia fue formulada el 5 de setiembre del año 2013 por representantes del Instituto Nacional de Cooperativismo. El contenido de la mencionada denuncia hace relación a las presuntas irregularidades que podrían implicar la existencia de delitos contra el orden económico, detallados en el informe de intervención realizada a la cooperativa afectada.

Según consta en la carpeta fiscal, ocurrieron ocho hechos supuestamente irregulares entre el año 2010 y el 2013, en los cuales los imputados habrían cometido ilícitos contra la propiedad de la institución en cuestión.

El primer hecho hace referencia que, en el año 2012, Darío Ramón Galván Ruiz Díaz; tesorero de la entidad; Nancy Vera, gerente General; Luis Alberto Arguello Acuña, Rodolfo Pavón, David Teófilo Gómez, Cesar Ortiz y María Insfran Fernández, Federico Núñez y Pedro Trinidad, miembros del Consejo de Administración de la Copemag, habrían ejecutado acciones que posibilitaron que los estados contables de la entidad bajo su administración y dirección expusieran presuntos datos falsos, específicamente en cuanto a la suma de dinero obrante como disponible en el ente. En este caso existe un aparente perjuicio de G. 888.267.

El segundo hecho mencionado data del 2010, cuando los miembros del Comité Ejecutivo de la Cooperativa, representada por Magdalena Insfrán, Javier Goncalves y Rodolfo Arcadio Pavón, presidente, tesorero y secretario, respectivamente, habrían celebrado un contrato de prestación de servicios profesionales con la abogada Alva González, quien presuntamente habrían adquirido el pago de salarios en forma irregular, sin que exista una presunta justificación. El daño causado a la institución asciende a unos Gs.2.400.000.

El tercer caso referido en el acta de imputación sucedió aparentemente durante un corte administrativo, realizado en la aérea de Tesorería, donde se habría constatado la existencia de documentos relacionados con presuntas erogaciones de efectivo con un simple respaldo de recibos comunes y un recibo de la institución. El presunto prejuicio patrimonial en este hecho rondaría la suma de 76.800.000 de guaraníes.

El cuarto hecho ocurrió en las fechas 11, 14, 22, 25 de marzo del 2013, cuando los miembros del consejo de Administración de la cooperativa en cuestión, Dario Galván, Luis Arguello y la gerente General de la entidad Nancy Vera, habrían firmado pagares en hojas membretadas de la cooperativa a favor de Walter Sarubbi, sin que exista justificación alguna que respalde dicha actuación. El supuesto daño rondaría los G. 515.000.000.

El quinto caso data del 16 de agosto de 2010, cuando en los registros informáticos de la Coopemag habrían sido inscriptos supuestas transferencias de fondos de cuentas de ahorro a plazo fijo, por parte de Walter Sarubbi, a favor de María Magdalena Insfrán Fernández; el total de cuentas presuntamente transferidas asciende a 7 cuentas, sin embargo, al parecer, cinco de las cuentas no serían reales. El detrimento patrimonial seria de G. 467.352.880.

Mientras el sexto hecho, ocurrido en el trascurso del año 2012, los miembros del comité ejecutivo, habrían ordenado diversos registros irregulares en el sistema contable, ocasionando un perjuicio de G. 1.032.100.000.

En el penúltimo caso la fiscal Delvalle menciona en su escrito de imputación que, el consejo de Administración de la Coopemag, habrían dispuesto la colocación de una cartera de crédito “promocional y preferencial” para el beneficio exclusivo de determinados socios vinculados a los directivos de la cooperativa, violando de esta forma la igualdad de derechos y obligaciones en los socios de la entidad. El daño ascendería aproximadamente a G. 554.993.104.

El último punto señalado por la representante del Ministerio Público, hace mención a un supuesto falseamiento de los estados contables de la entidad, realizados presumiblemente por miembros del Consejo de administración y contabilidad de la Coopemag. Estas personas habrían causado un daño de aproximadamente G. 566.607.296

Fuente: Fiscalia