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En la audiencia pública, llevada a cabo el último lunes para debatir sobre los cambios en el IRP, Ruoti pidió que la administración tributaria cumpla con el mandato de la ley, específicamente lo que dispone el artículo 85 de la Ley 125/91, que exige desde el año 2004 que las facturas tengan necesariamente el RUC (Registro Único de Contribuyentes) del adquirente o el número de documento de identidad sean o no consumidores finales.

Con esto, agregó, se transparentarán las operaciones y se dejará de comprar bienes con facturas innominadas, como se viene haciendo hasta ahora debido a que no se cumple con esta obligación legal.

Asimismo, propone la formalización de los alquileres de las personas físicas mediante el cumplimiento de la ley relativo a la obligación de pagar IVA o Iracis (renta empresarial) en el caso de que una persona física posea dos inmuebles y uno de ellos lo alquile. En ese sentido, considera que la administración fiscal debe hacer el cruce de información con el Servicio de Catastro, municipalidades, servicios básicos y otros.

Ruoti sugiere la modificación de la ley para que desde el sector privado se pueda formalizar a las personas físicas recibiendo el 50% de las multas, lo que hoy solo beneficia a los funcionarios actuantes.

La especialista también criticó las modificaciones realizadas al IRP, porque no se puede cambiar la ley aprobada por el Congreso por decreto ni resoluciones. Pidió respeto a los contribuyentes y que las verdaderas normas reglamentarias entren a regir en enero.