La suspensión o no de una eventual convocatoria de la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de enmienda presentado por 25 senadores en forma irregular está en manos del Tribunal de Apelación de la Niñez, integrado por Gloria Benítez, Silvio Rodríguez y Fulvia Núñez. Los magistrados Gloria Benítez, Silvio Rodríguez y Fulvia Núñez deben resolver la apelación presentada en las última horas del jueves último por el asesor jurídico del Senado José Fernando Casañas Levi, en representación del titular de la Cámara Alta Roberto Acevedo (PLRA) y otros 13 senadores disidentes. Casañas solicita la revocatoria de la sentencia dictada por la jueza de la Niñez y la Adolescencia María Rosa González, que rechazó el amparo que promovió contra la Cámara de Diputados con el fin de evitar una eventual convocatoria a sesión ordinaria o extraordinaria para tratar la nota presentada por los senadores Julio César Velázquez y Juan Darío Monges, que pone a consideración el proyecto de enmienda constitucional. El profesional destaca que además de incorporar un elemento extraño al objeto del juicio (la acción de inconstitucionalidad promovida contra la sesión “mau” del 28 de marzo), la jueza elabora el fallo con base en premisas contradictorias y lo concluye con una decisión que no condice con dicha estructura. “Los hechos nos demuestran que nos encontramos ante un atropello del sistema constitucional paraguayo que afecta de manera irremediable los cimientos del Estado de Derecho, ya que se pretende dar curso nada menos que a una modificación de la Carta Magna, sin respetar los procedimientos previstos (sesión de la Cámara de Senadores) y arrogándose los actores, títulos y atribuciones de los que carecen”, resalta Casañas. “Permitir que un deseo irracional de enmendar la Constitución Nacional avance o sea incorporado al debate en la Cámara de Diputados implica consentir agravios a normas elementales del Estado de Derecho, consagradas para garantizar precisamente los derechos de los ciudadanos de la Rca. del Paraguay. Y en tal sentido, es el Poder Judicial, responsable de evitar este tipo de atropellos al orden constitucional (...)”, acota el amparista. “Se espera que VV.EE. asuman su responsabilidad legal e histórica de corregir los errores y la negativa de la protección declarada por la instancia interior, impidiendo efectos nocivos para la democracia que mancharán para siempre la historia de la República del Paraguay”, afirma José Fernando Casañas Levi en el escrito dirigido a los camaristas.

Toda la atención de los sectores políticos de la oposición se centra sobre esta decisión, ya que es una de las pocas chances que tienen de frenar la Enmienda en Cámara de Diputados.