El presidente de la República, Horacio Cartes, firmó el decreto Nº 3549 por el que autorizó la compra por la “vía de la excepción” de armamentos para la FTC. A través de una simple adenda, se descartó la exigencia del registro de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) en lo que sería un feroz negociado.
La adquisición tiene que ver con chalecos tácticos, cascos balísticos, pistolas semiautomáticas, rifles para francotirador, fusil de asalto, visor nocturno, mira telescópica, mira térmica, miras reflex, mira óptica, GPS, armario de campaña, visor término y equipos en general, de acuerdo con el pliego de bases y condiciones.
La apertura de sobres se efectuó en presencia del comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Gonzaga Garcete, quien supuestamente está al frente del proceso.
“Copia autenticada del Registro Nacional de Armas - DIMABEL (vigente) en la que conste que el oferente está habilitado como Importador y Comercializador de Armas de Fuego, Municiones, Accesorios y Afines. El documento debe estar vigente a la fecha de apertura de las ofertas” figura en el punto 11 del pliego de bases. Sin embargo, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del Comando en Jefe, a cargo del Cap. Telly Vega Núñez, por una adenda (la Nº 3, de cinco en total), llamativamente descartó dicho requisito en lo que según los mismos efectivos castreneses, fue una maniobra para lograr que una determinada empresa pueda alzarse con la "jugosa" licitación.
En la adenda Nº 2, en el ítem referido al fusil de asalto tipo 2, las especificaciones técnicas hechas se ajustan directamente a las de la marca COLT. En la misma adenda 2, en el ítem 3, pistola semiautomática con armazón de polímero calibre 9 mm, todas las especificaciones técnicas apuntan al catálogo de la marca GLOCK (procedencia austríaca). También en la adenda 3, sobre el visor término de largo alcance el pliego técnico fue copiado del catálogo del fabricante ELBIT SYSTEMS, de procedencia israelí.
Sugestivamente, todas estas marcas son representadas en el Paraguay por la firma SIT SA (Seguridad, Inteligencia y Tecnología), cuyas instalaciones fueron allanadas en junio último por el Ministerio Público tras denuncias de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) por supuesta evasión impositiva.