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“Me parece que esto hay que aclarar, en un Gobierno transparente debemos hacerlo”, dijo el segundo del Ejecutivo, sobre el supuesto esquema de sobornos entre la firma Isolux Corsan, una consultora vinculada a Jordi Pujol Ferrusola -hijo de un conocido político catalán-, y el MOPC, para adjudicar obras en nuestrio país. 

Estas breves declaraciones de Juan Afara se dieron en el espigón presidencial, luego de asumir la Presidencia en ejercicio, tras que Cartes emprendiera viaje rumbo a Ecuador, donde participará del acto de asunción del presidente Lenin Moreno, quien sucederá en el cargo a Rafael Correa.

A continuación, lo publicado por el portal EL MUNDO.ES

La Policía Judicial atribuye a Jordi Pujol Ferrusola la participación en una trama de «corrupción internacional» para conseguir contratos públicos amañados enÁfrica y Sudamérica a cambio de «comisiones desproporcionadas» del 10%.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ha presentado un nuevo informe en la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso EL MUNDO en el que acusa al primogénito del clan catalán de «sobornar a autoridades locales» y de percibir comisiones a través de una operativa «que no llame la atención de las instituciones fiscalizadoras en España».

Estos proyectos, destacan los investigadores, contaban con financiación pública española e iban acompañados de «procedimientos administrativamente viciados».

La Policía desvela documentación novedosa de dos grandes iniciativas en Gabón y en Paraguay. La primera, vinculada a la instalación de redes eléctricas, ascendió a 34.620.711 euros.

La Udef ha entregado al juez José de la Mata documentación que acredita que Jordi Pujol Jr. concurrió a esta licitación pública africana junto a la compañía española Isolux. En la misma figuran correos electrónicos entre el hijo mayor deJordi Pujol Soley y el delegado de Isolux en África, José Augusto Ferreira. En ellos se plantea que la operación de cobro de comisiones «ha de ser triangular para que no cante».

Orquestándose de esta forma una «ficción» consistente en que «por un lado paguen a los comisionistas locales, que se relacionarían con las autoridades públicas de Gabón». En este punto se sitúa como figura clave el ex ministro de Energía del país africano, Etienne Dieudonne. Por otro lado, el objetivo pasaba por que Pujol Jr. facturara «unas cantidades que no le causen problemas, aludiendo previsiblemente a que no llame la atención de las instituciones fiscalizadoras en España». «La comisión de Pujol Jr.», indica la Udef, «se fragmenta en varios cobros que se canalizan a través de diferentes caminos».

En relación con el proyecto de Paraguay, consistente en la construcción de un viaducto, el enlace de Pujol Jr. fue Ernesto Manuel Dos Santos, «que presume de tener contacto directo con el ministro de obras de Paraguay y de poder modificar los pliegos de licitaciones».

Esta operación se produjo en 2014, estando ya Pujol Ferrusola investigado por la Audiencia Nacional por lo que deja claro en sus correos electrónicos que sus comisiones las debe percibir de tal manera que esté «protegido ante la Hacienda Pública española». «Si más adelante cambian las cosas, ya cambiaremos los contratos», precisa a su contacto sudamericano.

La Policía Judicial sitúa la implicación de Jordi Pujol Jr. en esta trama internacional «desde aproximadamente 1998» a través de los «tentáculos que ostenta en determinados territorios, ejercidos a través de representantes locales».

El modus operandi consistía en que «una vez conocido el proyecto que se pretende llevar a cabo», el primogénito de la familia Pujol «contactaría con diversos empresarios a los que conoce por sus relaciones previas en Cataluña como consecuencia de su intermediación en procesos similares».

Así, «un paradigma de este funcionamiento sería el grupo Isolux, por su especial capacidad financiera y operativa para arrogarse la capacitación de licitar a esos proyectos». De esta manera, «Jordi Pujol Ferrusola le vendería a Isolux la obra pública, partiendo del conocimiento previo de su más que factible adjudicación».

«A partir de ahí, conociendo los montos totales que se aprobarán, delimitan unos márgenes de beneficio, de los que habrá que detraer unas comisiones que en ningún caso se asocian a la consultoría», que era el objeto oficial de los cobros.

«Puesto que los países en los que suelen emprender estos proyectos se caracterizan por ser países del Tercer Mundo o en vías de desarrollo», prosigue la Policía, se articuló la ayuda de entidades públicas españolas que contribuían financieramente a los proyectos.

Fuente: http://www.elmundo.es/espana/2017/05/20/591f52ede5fdead4708b457c.html