Reuters

La tarde del miércoles llegaban desde Brasilia imágenes de guerra. Un humo negro salía de la explanada de los ministerios y atravesaba la Plaza de los Tres Poderes que en su día diseñaron Oscar Niemeyer y Lúcio Costa, cuando al presidente Juscelino Kubitschek se le ocurrió crear la capital del país en el medio de un desierto.

A primera hora de la mañana cientos de autobuses aparcaban alrededor del estadio Mané Garrincha. Estudiantes, campesinos y sindicalistas de todo Brasil llegaban a la capital para protestar contra las reformas del gobierno Temer y exigir la salida del presidente que desde hace una semana es investigado en el Tribunal Supremo Federal por corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y organización criminal.

Según estimativas de la Policía Militar llegaron a la explanada del Palacio de Gobierno alrededor de 50.000 manifestantes. “Nos revisaron a todos, íbamos desarmados, sólo queríamos manifestarnos con tranquilidad”, le cuenta a Público, Guilherme Tacini Ibañes, estudiante de Relaciones Internacionales que forma parte del movimiento estudiantil de Osasco (región de São Paulo).

El Ejército en las calles

Poco después de que finalizaran las protestas el ministro de Defensa, Raul Jungmann, anunció que el presidente Michel Temer había convocado a las Fuerzas Armadas para mantener una “Garantía de Ley y Orden” (GLO) en la ciudad de Brasilia durante un periodo de siete días en el que los militares podrán actuar como la Policía en situaciones que consideren necesarias.

En nota de prensa Temer afirmó que tras “los actos de vandalismo” cometidos en las manifestaciones y ante la “falta de agentes para garantizar el orden” hacía uso de este recurso para “proteger el patrimonio público”, y además advertía: “No dejaré de ejercer la autoridad que mi cargo me confiere siempre que sea necesario”. 
Fuentes de Brasilia señalan que esta decisión ha sido sobre todo simbólica: “Pasa por su momento de mayor fragilidad política y ha querido demostrar fuerza con los militares de su lado, pero ha conseguido el efecto contrario, ahora parece más débil”, le contaba a Público un funcionario del Congreso.