Gentileza.

Dicho informe se refiere al resultado de la investigación efectuada por el departamento de Investigación Tributaria de la SET con relación a varios contribuyentes dedicados a la comercialización de productos importados, cuyas sedes se encuentran principalmente en Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este.

Según se desprende del informe de referencia presentado, la investigación se inició con el cruce de datos de análisis de riesgos, específicamente ventas y compras de contribuyentes que, según información de inteligencia, presentan diferencias en los valores de sus exportaciones de mercaderías desde el país de origen y sus declaraciones juradas en la Dirección Nacional de Aduanas del Paraguay.

Por otro lado refiere que, a partir de la presunción de un esquema montado para ingresar al país mercaderías que no fueron declaradas en su totalidad en Aduanas, y por tanto, sin el respaldo debido, la investigación se enfocó primeramente en corroborar la razonabilidad de los costos de varios contribuyentes, en los periodos 2011 a 2016, y se encontraron de esta manera, una serie de facturas declaradas por los mismos contribuyentes, en las que las compras informadas en el Sistema de Gestión Hechauka, eran distintas en cuanto a los clientes y montos de las declaradas por los contribuyentes indicados como vendedores, es decir fueron observadas discrepancias importantes entre los montos de las supuestas facturaciones.

Además, se realizó un análisis preliminar con el fin de comprobar los hechos detectados y fortalecer la hipótesis inicial, para lo cual se procedió a verificar en la totalidad de los Libros de Compras presentados por los Agentes de Información, en busca de números de facturas coincidentes con las obrantes en los Libros de Compras de los investigados, pero declaradas por terceros informantes.

En efecto, se pudo constatar la existencia de las mismas facturas informadas por otros contribuyentes, aunque quedan aún algunas de las notificaciones pendientes de confirmación, por tratarse posiblemente de numeraciones no emitidas, anuladas o emitidas a favor de terceros.

Teniendo en cuenta los documentos pendientes por cruzar, y de manera a comenzar con la recolección de pruebas que sustenten el caso, se realizó la notificación a 35 proveedores seleccionados de los libros de compras de las empresas investigadas, solicitándoles las numeraciones de las facturas identificadas como sospechosas, con el objeto de contrastar directamente el documento original del emisor, con la factura declarada en elHechauka por el investigado.      

Ante las primeras evidencias colectadas, se presume que las facturas investigadas fueron emitidas por valores y destinatarios distintos a los consignados en sus Libros Informativos de Compra por las cuatro empresas investigadas. Se sospecha de la posible utilización de documentos de contenido falso para respaldar costos mediante la modalidad de “clonación de documentos timbrados”.

El informe de la SET, señala que a la par que se confirmaban las irregularidades con las facturas de respaldo de compras, se analizaron también las ventas de los proveedores investigados en los períodos 2011 a 2017, detectándose que existían una cantidad de clientes en común, y que éstos eran los principales clientes de estas firmas, mientras los restantes principalmente eran clientes del exterior o consolidados.

Con respecto a los profesionales contables y auditores externos impositivos que se encargan de llevar la contabilidad y emitir los dictámenes correspondientes a la razonabilidad de los Estados Financieros de las empresas del esquema, existen resaltantes coincidencias entre los mismos, según las mismas declaraciones juradas; estados financieros e informes de auditoría externa impositiva.

De acuerdo a los datos referidos, el esquema contó principalmente con la asistencia de algunos estudios contables y consultorías de auditoria externa en común, los documentos de las 29 firmas investigadas se encuentran rubricados por los mismos profesionales y consultoras.

En ese sentido, el Ministerio Público se encuentra abocado a la investigación penal acerca de los contribuyentes denunciados, que conforme a los indicios colectados, podrían ser producto de la realización de los hechos punibles de producción de documentos no auténticos, contrabando, evasión impositiva, lavado de dinero y otros.

En prosecución de las pesquisas, el día de ayer fueron realizados allanamientos en dos sedes comerciales y un estudio contable ubicados en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Este procedimiento estuvo a cargo de los agentes fiscales Hernán Galeano, Luis Piñanez e Igor Cáceres; mientras que en la ciudad de Asunción fueron allanadas las sedes de dos estudios contables e impositivos y dos empresas ganaderas, a cargo de los agentes fiscales René Fernández, José Dos Santos y Josefina Aghemo.

Estas diligencias fueron autorizadas por el Juez Penal de Garantías Humberto Otazú y contaron con el acompañamiento de funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación y efectivos policiales del departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional. Los intervinientes lograron la incautación de numerosos documentos contables, impositivos y comerciales que serán sometidos a análisis; además de dispositivos informáticos, con la misma finalidad.

Dada la complejidad de la investigación, el Ministerio Público tiene previsto conformar un equipo de trabajo con funcionarios designados de la Subsecretaría de Estado de Tributación, a los efectos de la profundización de los elementos de prueba obtenidos y seguir con las diligencias tendientes al esclarecimiento del hecho.