Fiscalía revela aumento de denuncias por violación del deber de cuidado de ancianos
En el contexto de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, un informe del Observatorio del Ministerio Público vuelve a poner en primer plano una problemática persistente y sensible: la violación del deber de cuidado de personas adultas mayores.
El estudio, elaborado a partir de un muestreo realizado por el Departamento de Estadísticas de la Fiscalía, permite delinear el perfil de las víctimas y expone una realidad marcada por el abandono, la vulnerabilidad y la ruptura de los lazos familiares.
Entre enero y noviembre de los años 2023, 2024 y 2025, el Ministerio Público registró 1.944 denuncias a nivel nacional por este hecho punible. Las cifras reflejan un aumento sostenido de los casos; en el 2023 se reportaron 558 denuncias; en el 2024, 684 denuncias y, en lo que va del 2025, 702 denuncias. Para el análisis del perfil de las víctimas, se estudiaron muestras representativas de cada periodo, lo que permitió identificar tendencias reiteradas en los tres años evaluados.
El informe revela que, en más del 95% de las denuncias se registra una sola víctima por caso y que cerca del 89% de las personas afectadas son adultos mayores. En cuanto a la franja etaria, en el año 2023 predominaban las víctimas de entre 70 y 79 años; en el 2024 se mantuvo una tendencia similar, mientras que en el 2025 la mayor concentración se dio entre personas de 80 a 89 años.
Respecto al sexo, los datos muestran variaciones: en 2023 y 2025 la mayoría de las víctimas fueron varones, mientras que en 2024 se registró una distribución equitativa entre hombres y mujeres.
Otro aspecto relevante del estudio guarda relación con el estado de salud de las víctimas. En la mayoría de los casos se trata de personas con enfermedades graves o crónicas, aunque el porcentaje fue descendiendo con el paso de los años. Aun así, el informe señala que alrededor del 95% de las víctimas presenta imposibilidad de valerse por sí mismas, mientras que el resto padece enfermedades neurológicas o mentales, lo que incrementa su nivel de dependencia.
En cuanto a los responsables de los hechos denunciados, el Observatorio del Ministerio Público indica que, en promedio, las mujeres aparecen con mayor frecuencia como imputadas, aunque en el año 2024 se registró una paridad entre varones y mujeres. La franja etaria predominante de los presuntos responsables se ubica entre los 30 y 44 años. El parentesco entre víctimas y victimarios evidencia una realidad especialmente preocupante, ya que, en la mayoría de los casos, los responsables son hijos o hijas de las personas adultas mayores, seguidos por hermanos, padres, madres, sobrinos y cónyuges.
Las consecuencias que sufren las víctimas van más allá de la desatención cotidiana. El informe da cuenta de deterioro físico y psicológico, así como de privación económica que impide cubrir necesidades básicas como la alimentación, la subsistencia y la atención médica. Asimismo, en varias denuncias se verifican otros hechos punibles asociados, como abandono, coacción, lesiones y amenazas.
Respecto a quiénes impulsan las denuncias, el reporte señala que, en primer lugar, figuran familiares cercanos, seguidos por la Policía Nacional, la Defensoría Pública, amigos y vecinos. En términos geográficos, el mayor número de denuncias se concentra en el departamento Central, con el 48% de los casos, seguido por Asunción, que registra el 12%, mientras que el resto se distribuye en menor proporción en otros departamentos del país.
El Ministerio Público recuerda que este hecho punible se encuentra tipificado en el art. 227 del Código Penal, que sanciona la violación grave del deber legal de cuidado de personas ancianas o discapacitadas con penas de hasta tres años de privación de libertad o multa. En un tiempo del año asociado tradicionalmente al encuentro familiar, el informe interpela a la sociedad sobre el lugar que ocupan los adultos mayores y las condiciones en las que atraviesan estas fechas.
