Docentes desafían al Congreso por reforma de la Caja Fiscal: «Revisen sus jubilaciones»
Durante la audiencia pública convocada en el Congreso Nacional, representantes del sector docente cuestionaron con dureza el proyecto de reforma de la Caja Fiscal impulsado por el Poder Ejecutivo. La principal crítica apunta a que la iniciativa afectaría directamente a miles de trabajadores próximos a jubilarse, extendiendo el tiempo de aporte en hasta 15 años más. Los educadores reclamaron que antes de modificar sus condiciones se revisen los privilegios jubilatorios de legisladores y altas autoridades.
Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), denunció que el estudio actuarial remitido por el Ministerio de Economía y Finanzas llegó al Parlamento con escaso margen de tiempo para su análisis. Según el dirigente, la propuesta pone en riesgo la estabilidad de quienes ingresaron al sistema bajo reglas distintas y ahora se verían obligados a prolongar su vida laboral.
El sindicalista advirtió que el sector docente está dispuesto a “dar batalla” frente a lo que consideran una medida injusta. En su intervención, Piris comparó las condiciones del magisterio con las de los legisladores, cuestionando que mientras un diputado puede jubilarse con altos ingresos, a los docentes se les exigiría trabajar hasta los 62 años tras más de tres décadas de servicio. El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, pidió respeto en el debate, aunque el reclamo mantuvo su tono crítico.
Piris insistió en que el Congreso debería tomarse más tiempo para analizar la propuesta y que una postergación de varios meses no tendría impacto fiscal inmediato, dado que los cambios recién entrarían en vigencia el próximo año. Además, recordó que la crisis de la Caja Fiscal responde en gran medida a la falta de aportes estatales durante décadas, lo que generó el actual desequilibrio financiero.
Como alternativa, los docentes presentaron un proyecto propio que mantiene regímenes diferenciados para el magisterio, docentes universitarios y magistrados judiciales. La propuesta contempla jubilación extraordinaria para quienes tengan entre 10 y 24 años de servicio y estén incapacitados, así como jubilación ordinaria a partir de los 25 o 28 años de trabajo, con tasas de sustitución de hasta el 87%. El planteamiento también reconoce beneficios vinculados a la maternidad y rechaza la imposición de una edad mínima para jubilarse.
