La Corte recibió informes parciales sobre abogados implicados en la causa de la “mafia de pagarés”
La Corte Suprema de Justicia recibió de manera parcial los informes solicitados en el marco de la investigación que involucra a abogados acusados en la causa conocida como la “mafia de pagarés”, un esquema que habría impulsado juicios irregulares en perjuicio de numerosas víctimas. Así se confirmó durante la sesión plenaria de la máxima instancia judicial, donde se informó que aún falta el reporte del Ministerio Público, el único órgano que aún no remitió la documentación requerida.
Durante la plenaria, el ministro Gustavo Santander, principal impulsor de la adopción de medidas dentro del alto tribunal, consultó al presidente de la Corte sobre el estado de los informes. En respuesta, se confirmó que ya existe una lista detallada de los abogados y ujieres presuntamente involucrados en la causa, elaborada a partir de los datos remitidos por distintas dependencias, aunque sigue pendiente el informe del Ministerio Público, considerado clave para avanzar con eventuales sanciones.
El ministro Santander reiteró la necesidad de contar con la información completa para que la Corte pueda evaluar acciones concretas frente a la gravedad de las denuncias. La causa de la mafia de pagarés generó una fuerte preocupación institucional debido a que los letrados implicados, pese a estar acusados por el Ministerio Público, continuarían promoviendo juicios considerados injustos contra las víctimas del presunto esquema fraudulento.
Hasta el momento, la única medida disciplinaria adoptada fue la suspensión de la matrícula profesional de la abogada Zully Ortiz. No obstante, desde la Corte no descartan que esta sanción pueda extenderse a otros profesionales involucrados, una vez que se analicen en su totalidad los informes pendientes y se cuente con el dictamen completo de los organismos correspondientes.
Desde el ámbito judicial señalan que la continuidad de estos procesos judiciales, impulsados por abogados bajo investigación, podría agravar la situación de las personas afectadas, quienes ya habrían sufrido perjuicios económicos y legales. En ese contexto, la Corte Suprema busca actuar, respetando los procedimientos administrativos y disciplinarios establecidos.
La expectativa ahora está puesta en la remisión del informe del Ministerio Público, que permitiría cerrar la etapa de recopilación de datos y habilitar la discusión de posibles suspensiones, sanciones u otras medidas disciplinarias contra los profesionales señalados. Mientras tanto, el caso sigue generando repercusiones en el sistema judicial, al poner nuevamente en debate los mecanismos de control y la responsabilidad ética de los operadores de justicia.
