Erico Galeano se abstuvo de declarar ante el tribunal que lo juzga
Este jueves continuó el juicio oral y público al senador colorado Erico Galeano, acusado por la Fiscalía de mantener vínculos con el crimen organizado. En la fecha, concluyó la producción de la etapa documental y se consultó al acusado si deseaba ejercer su defensa material ante el Tribunal de Sentencia; sin embargo, se abstuvo de declarar.
Concluida la etapa documental, el presidente del tribunal volvió a consultar al procesado si quería prestar declaración en el juicio que afronta desde hace varios meses, pero nuevamente optó por no ejercer ese derecho.
La diligencia continuará el próximo 13 de febrero con los alegatos finales de los agentes fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta. El Ministerio Público solicita una condena para el senador, al considerar que habría brindado soporte logístico al crimen organizado.
Galeano enfrenta cargos por los supuestos hechos punibles de asociación criminal y lavado de dinero, en el marco de su presunta colaboración con la estructura criminal liderada por Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, y el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
De acuerdo con la acusación fiscal, el legislador habría facilitado su aeronave a los líderes de la organización para realizar desplazamientos dentro del territorio nacional, además de haber recibido pagos a cambio de dicha colaboración. Asimismo, se lo señala por la supuesta simulación de la venta de su vivienda, ubicada en el complejo Aqua Village, por un monto de USD 1 millón, a favor de Insfrán.
“El acusado no solo estuvo vinculado con la organización criminal mediante el acto de compraventa del inmueble en Aqua Village, sino que también proporcionó a los principales líderes, entre ellos Sebastián Enrique Marset Cabrera, un medio de transporte de su propiedad para movilizarse dentro del país”, sostiene parte del escrito de acusación leído durante la audiencia.
Según el Ministerio Público, la participación de Galeano habría sido sostenida en el tiempo y no un hecho aislado, en el marco de una red dedicada al tráfico internacional de cocaína y al lavado de activos.
La causa se desprende del operativo A Ultranza PY, considerado el mayor golpe al crimen organizado en la historia del Paraguay, desarrollado con la cooperación de organismos internacionales como la DEA, Europol, la Policía Uruguaya y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Dicho operativo permitió desarticular una estructura criminal con ramificaciones internacionales y derivó en la incautación de bienes por más de USD 150 millones, actualmente administrados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
El Tribunal de Sentencia está integrado por el magistrado Pablino Barreto, en carácter de presidente, y los jueces Inés Galarza y Juan Dávalos, como miembros.
