Diputada Vallejo sobre los chats de «Lalo» Gómes con Liliana y Marco Alcaraz: «Es una información sumamente delicada que debe investigar el Ministerio Público»

La diputada Rocío Vallejo se pronunció sobre los recientes hallazgos de conversaciones entre el fallecido legislador Eulalio Gómes y la actual titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, como así también con el secretario de Inteligencia Marco Alcaraz. Vallejo calificó el contenido de los mensajes como “sumamente delicado” y sostuvo que el Ministerio Público debe investigar el caso.

La legisladora recordó que los chats datan de 2019 y que, para 2025, habrían transcurrido cinco años, lo que podría implicar la prescripción de ciertos delitos. «Si hablamos de un cohecho solo, la prescripción es de cinco años. Con la frustración de la persecución penal, ¿qué podría ser? Tenemos una serie de situaciones en que probablemente esté prescripta, pero de todas maneras debe abrirse una investigación», expresó.

En ese sentido, subrayó la necesidad de esclarecer si los chats filtrados son la totalidad de la conversación o si existen más intercambios que ameriten una investigación más profunda. Además, insistió en que Seprelad también debe ser objeto de investigación para determinar cómo ha funcionado en estos casos.

«Seprelad activa sus mecanismos de investigación a partir de los reportes de operación sospechosa que reciben de los sujetos obligados, como bancos y financieras. Hay muchas cuestiones que deben analizarse», explicó.

En otro punto, mencionó el caso de préstamos supuestamente irregulares y su impacto en las instituciones financieras. «Cuando existen reportes negativos, las instituciones que tienen en cuenta a las personas involucradas remiten un reporte de operación sospechosa. Si alguien saca mil millones y en dos o tres meses cancela en efectivo, eso es una alerta clarísima de manual. La cancelación anticipada sin justificación genera un reporte de operación sospechosa», señaló.

Por último, Vallejo insistió en que todas las aristas del caso deben ser esclarecidas por el Ministerio Público y advirtió sobre la necesidad de evaluar si existieron mecanismos de encubrimiento que impidieron la acción penal en su debido momento.