Conflicto de intereses en la denuncia contra el fiscal Deny Yoon Pak: vínculos con el caso A Ultranza Py
El senador Edgar López, representante de la Cámara Alta en el Consejo de la Magistratura, se encuentra en el ojo de la tormenta tras revelarse un posible conflicto de intereses en la denuncia presentada contra el fiscal Deny Yoon Pak ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). La denuncia fue impulsada por su propio hermano, el abogado Nelson López, quien representa a procesados en el marco del caso A Ultranza Py, el mayor operativo contra el narcotráfico en Paraguay.
Entre los clientes de Nelson López se encuentra María Virginia Araki, esposa de Federico Santoro, presunto contador del narcotraficante Sebastián Marset. Este vínculo pone en entredicho las verdaderas motivaciones detrás del intento de destitución del fiscal Yoon Pak, quien ha tenido un rol clave en investigaciones emblemáticas contra la corrupción y el crimen organizado.
Deny Yoon Pak es reconocido por su postura firme en casos de alto impacto. Se opuso a que el senador Erico Galeano –acusado de vínculos con el narcotráfico– cumpla prisión domiciliaria en vez de preventiva. También fue uno de los fiscales que se negó a cerrar la investigación del avión iraní que aterrizó en Paraguay con una tripulación sospechosa y que posteriormente fue retenido en Argentina.
Estas acciones le habrían generado enemigos poderosos dentro de la estructura política y judicial. Ahora, con la denuncia en su contra promovida por el hermano de un senador y abogado de procesados por narcotráfico, surgen dudas sobre si se trata de una represalia por su firmeza en la lucha contra el crimen organizado.
Mientras tanto, la jueza Lizy Sánchez tiene en sus manos el futuro del caso del avión iraní. Su decisión sobre si desestimar o no la causa marcará un precedente en la investigación de actividades ilícitas con vínculos internacionales.
La conexión entre el senador Edgar López, su hermano abogado y la denuncia contra el fiscal Yoon Pak deja muchas preguntas abiertas. Primeramente, si es una jugada política para debilitar la investigación del caso A Ultranza Py. O, si se busca frenar el trabajo de un fiscal para ciertos sectores del poder.
Lo cierto es que este episodio expone las profundas redes de influencia que operan en el país y pone en riesgo la lucha contra la corrupción y el narcotráfico.
