Policía persigue a opositores bajo pretexto de «perturbación de la paz pública»
En un nuevo episodio de persecución política, agentes de la Policía Nacional reprimieron una manifestación pacífica frente al Palacio de Justicia, utilizando como argumento una acordada de la Corte Suprema de Justicia que recuerda a la Ley 209 de la dictadura stronista. La represión se produjo el domingo 31 de marzo, cuando un grupo de ciudadanos y dirigentes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) se congregó para expresar su descontento.
El operativo policial, ejecutado con violencia y prepotencia, incluyó la intervención contra autoridades políticas como el senador Rafael Filizzola, el diputado Raúl Benítez, el exsenador Luis Wagner y el dirigente Efraín Alegre. Según el acta policial, la movilización fue considerada una «tentativa de ingreso al Poder Judicial», a pesar de que los manifestantes solo se encontraban en la explanada del edificio ejerciendo su derecho constitucional a la protesta.
En medio de forcejeos, efectivos de seguridad formaron un cordón perimetral para impedir el avance de los manifestantes. La represión dejó varios heridos, entre ellos la dirigente Olga Paredes, quien cayó por una escalera tras ser empujada en medio del tumulto. Por su parte, el abogado Efraín Alegre Irún fue reducido con violencia tras intentar traspasar la barrera policial.
Posteriormente, el Ministerio Público anunció el inicio de una investigación penal contra el dirigente Agustín Saguier Abente y otros manifestantes por «resistencia y perturbación de la paz pública», una figura jurídica recurrente en los procesos judiciales contra opositores al gobierno.
La sombra de la dictadura sobre la protesta social
La base legal invocada por la Corte Suprema de Justicia para justificar la represión es una acordada que restringe cualquier acto público en inmediaciones del Poder Judicial sin autorización previa. Esta medida ha sido comparada con la Ley 209 de la dictadura stronista, utilizada en su momento para criminalizar las protestas y silenciar a la oposición.
Desde sectores opositores denuncian que este episodio es parte de un esquema de persecución política que busca desmovilizar a la ciudadanía mediante el uso arbitrario de las fuerzas de seguridad y el aparato judicial.
