Acusan a jueces por revocar captura de abogado agresor
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que autoriza a su presidencia, mediante la Dirección General de Asesoría Jurídica, a presentar una acusación formal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra tres jueces de la Cámara de Apelaciones de Alto Paraná. Se trata de los magistrados Raúl Insaurralde, María Acosta y Efrén Giménez, quienes resolvieron revocar la orden de captura contra el abogado Walter Acosta, imputado por agredir a una funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).
La resolución también instruye a los representantes de la Cámara Baja ante el JEM a promover de oficio una investigación de los antecedentes y fundamentos jurídicos de la decisión judicial adoptada. El documento fue aprobado en la última sesión ordinaria de la semana, durante el espacio de tratamiento sobre tablas.
La medida legislativa fue impulsada principalmente por la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), quien expresó en el pleno su preocupación por lo que calificó como una actuación judicial que contraría los principios básicos del debido proceso y de la protección a las víctimas. Además, recordó que la conducta de todo funcionario público debe ajustarse a lo dispuesto en la Constitución Nacional y en las leyes vigentes.
En los fundamentos del proyecto se señala que la revocación de la captura no solo representa un mensaje de impunidad, sino que además pone en entredicho el compromiso del sistema judicial con la protección de los derechos fundamentales y con la lucha contra la violencia. Se sostiene que este tipo de decisiones afecta negativamente la confianza de la ciudadanía en las instituciones de justicia.
La iniciativa fue acompañada por legisladoras de distintas bancadas, entre ellas Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), Fabiana Souto de Alliana (ANR-Ñeembucú), Del Pilar Vázquez (PLRA-Itapúa) y Dalia Estigarribia (PLRA-Central), quienes coincidieron en que se deben establecer responsabilidades ante posibles casos de mal desempeño.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados será ahora la instancia encargada de analizar si los jueces mencionados incurrieron en irregularidades que justifiquen una sanción. Mientras tanto, el caso del abogado Walter Acosta continúa generando debate en torno a la respuesta institucional frente a situaciones de violencia en el ámbito público.
