Sistema Nacional de Pagos: nueva ley impulsa mayor competencia, transparencia y reducción de comisiones
Liana Caballero, miembro del Directorio del BCP, destacó que la nueva ley de medios de pago representa un avance respecto a la normativa anterior, que estaba centrada principalmente en otorgar al BCP funciones regulatorias básicas sobre el sistema de pagos, sin contemplar aspectos clave del mercado.
Uno de los puntos resaltados por Caballero es que el SIPAP seguirá siendo gratuito para las transacciones básicas, un logro importante tras una extensa y compleja discusión técnica.
Asimismo, explicó que el BCP inició una investigación sobre un sumario abierto por la CONACOM a una empresa reguladora del sistema. A partir de ese proceso, se tomaron como referencia mejores prácticas internacionales, atendiendo a la necesidad de corregir fallas existentes y avanzar hacia una regulación más eficiente.
Caballero señaló que Paraguay sigue siendo uno de los países con las comisiones más altas en medios de pago. Por ello, el BCP estableció un esquema de reducción gradual de las tasas, que regirá desde julio de 2025 hasta julio de 2026. Al finalizar este periodo, las comisiones máximas serán de 3% para tarjetas de crédito y 2% para débito.
Entre los principales beneficios de la nueva ley, la directora mencionó la reducción de costos, el fomento de la competencia, así como la interconexión, interoperabilidad y mayor transparencia del sistema. Afirmó que actualmente las empresas privadas apoyan la interconexión, especialmente luego de que la CONACOM impusiera una sanción y se aprobara una legislación al respecto.
Sobre el inciso Q -cuestionado por gremios del sector y procesadoras de tarjetas- señalo que es el mismo texto del inciso C, de la ley actual, que define funciones clave como la emisión, procesamiento y adquirencia de medios de pago. Según Caballero, estas tareas pueden ser realizadas por múltiples empresas, lo que permite una oferta diversa en precios y calidad.
“El regulador necesita tener habilitadas todas las alternativas posibles para poder actuar conforme a la necesidad del mercado”, subrayó.
También se refirió a las críticas realizadas por un banco que, según dijo, es el principal accionista de una de las procesadoras de pagos. “Esto no se trata de beneficiar a ninguna entidad en particular. Todos deben competir bajo las mismas reglas y en igualdad de condiciones”, puntualizó.
Por último, explicó que la gratuidad de ciertos servicios fue incluida tras reuniones en una mesa técnica con el Poder Ejecutivo y el MEF. Esta disposición no figuraba en el primer borrador del proyecto, y consideró que hubo una mala interpretación por parte de algunos sectores que se manifestaron como “afectados” por la normativa.
