Tratan de “poco profesional” a camarista acusado ante el JEM por beneficiar a exjueza
El abogado Adrián Enríquez cuestionó el fallo que anuló el juicio contra la exjueza Tania Irún, acusada de prevaricato por transferir tierras protegidas a empresas de maletín. Señaló irregularidades y puso en duda la imparcialidad del camarista Cristóbal Sánchez, debido a su vínculo cercano con el padre de la exmagistrada. Sánchez y Lovera Cañete fueron acusados ante el JEM.
El abogado Adrián Enríquez, representante legal de la Asociación Espíritu Santo, expresó su indignación tras la decisión de la Cámara de Apelaciones de anular la elevación a juicio oral y público de la causa por prevaricato contra la ex jueza Tania Irún. Según Enríquez, esta resolución debe ser investigada y sancionada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Entre los magistrados señalados por esta decisión figuran Agustín Lovera Cañete y Cristóbal Sánchez. Este último, quien fue el preopinante del fallo, ha sido cuestionado por su supuesta cercanía a la familia de Irún, especialmente al padre de la ex magistrada, Rodolfo Irún.
Enríquez calificó de poco profesional la actuación de Sánchez, quien, a pesar de las evidencias de su vínculo con la familia de la acusada, no se apartó del caso. “Se me cayó un ídolo de pies de barro este señor Sánchez. Es increíblemente poco profesional que, siendo compañero de fórmula en el ámbito gremial del padre de Tania Irún por 40 años, sea el preopinante”, afirmó.
Además, el abogado señaló que los camaristas violaron el principio constitucional del debido proceso al juzgar el fondo de la cuestión, algo expresamente prohibido. “Es loco o se hace del loco este señor. Es loco pero no mastica vidrio este señor, dice no encontramos (prevaricato)” , comentó en tono ofuscado.
La decisión ha generado nuevas interrogantes sobre la imparcialidad del proceso y ha reavivado los reclamos para que el caso de la ex jueza Irún sea tratado con mayor rigor judicial. Enríquez sostiene que la arbitrariedad de los camaristas en este caso sienta un peligroso precedente para la justicia paraguaya.
INICIO DE LA CAUSA
En 2018, la exjueza Tania Irún, entonces en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Asunción, dictó una sentencia que obligó a la Asociación Espíritu Santo a transferir 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en el Chaco paraguayo a cuatro empresas sospechosas de ser de maletín, registradas en paraísos fiscales como Chipre y las Islas Vírgenes Británicas.
Estas empresas justificaron el traspaso alegando un préstamo de 15 millones de dólares, a pesar de que el valor de las tierras asciende a 500 millones de dólares. Las tierras están protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza, diseñada para preservar la soberanía y el patrimonio estratégico del país.
En 2021, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) destituyó a Irún por mal desempeño de sus funciones debido a su participación en la transferencia irregular de estas tierras. La Corte Suprema de Justicia ratificó esta decisión.
ACUSACIÓN
En julio de este año, la fiscal adjunta Soledad Machuca presentó una acusación contra Irún por prevaricato, solicitando la realización de un juicio oral y público. Según la Fiscalía, Irún actuó en violación de la Ley N.° 2532, que regula la Zona de Seguridad Fronteriza.
El fallo de Irún se basó en el artículo 2.º de la mencionada ley, argumentando que los beneficiarios no eran ciudadanos de países limítrofes. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que no hay documentación en el expediente que respalde esta afirmación, poniendo en entredicho la validez de la resolución.
La polémica continúa, con el caso siendo observado de cerca por organismos legales y la ciudadanía, dado el impacto de estas decisiones en el patrimonio estratégico de la nación y la independencia del sistema judicial.
