Asociación de Abogados Civilistas rechaza potestad disciplinaria de la Corte y advierte sobre criminalización del ejercicio profesional

La AACP sostiene que la Corte Suprema no tiene facultades constitucionales para sancionar a abogados litigantes. “El abogado es un auxiliar de la justicia, no un subordinado del Poder Judicial”, afirmó el vicepresidente, Abg. Buenaventura Noguera.

La Asociación de Abogados Civilistas del Paraguay (AACP) manifestó su preocupación ante actuaciones del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, que —según el gremio— podrían derivar en una criminalización del ejercicio legítimo de la abogacía.

El Abg. Buenaventura Noguera, vicepresidente de la AACP, señaló que se pretende aplicar sanciones a profesionales por actos procesales legítimos, como la gestión para dar celeridad a los expedientes, lo que calificó como una interpretación arbitraria del derecho procesal.

“El abogado litiga dentro del marco legal. No puede ser sancionado por ejercer su función ni tratado como subordinado del Poder Judicial”, enfatizó Noguera.

La asociación recordó que la Corte Suprema carece de competencia para sancionar a abogados particulares, ya que la Constitución Nacional de 1992 solo le otorga superintendencia sobre los organismos del Poder Judicial, mientras que las potestades disciplinarias fueron transferidas al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Además, la AACP aclaró que los abogados no son funcionarios públicos ni reciben remuneración del Estado, por lo que no pueden ser sujetos pasivos de sanciones disciplinarias impuestas por la Corte.

“El derecho de defensa no puede convertirse en motivo de castigo. Defender un expediente es una obligación profesional, no un delito”, subrayó el vicepresidente.

Desde el gremio instaron a respetar el marco constitucional y a garantizar la independencia del ejercicio profesional como pilar del Estado de Derecho.