“Estado convertido en cobrador de usureros”, señala comisión contra «mafia de pagarés»
La Comisión del Senado que investiga la mafia de los pagarés presentó un nuevo informe que desnuda la magnitud del esquema: 6.600 víctimas, con un promedio de ocho embargos cada una, y un Estado que —según los propios senadores— **termina funcionando como “cobrador” de un sistema judicial–empresarial que opera sin control.
El reporte revela que el 87% de los afectados son del interior, obligados a viajar cientos de kilómetros para litigar en Asunción, mientras sus salarios quedan pulverizados por descuentos compulsivos. La mayoría son mujeres, docentes y trabajadores públicos que enfrentan hasta 14 embargos en algunos casos.
La Comisión detectó 333.000 juicios ejecutivos y G. 2,2 billones en embargos, concentrados en cinco juzgados de Paz. Señalan que instituciones y el BNF aplican débitos automáticos sin verificación documental y que los pagarés ni siquiera son devueltos, permitiendo nuevas demandas.
El senador Rafael Filizzola denunció que las víctimas “son vencidas por cansancio” y quedan en total indefensión. “Se vulnera la libertad y el derecho al salario. Usan al Estado como cobrador”, afirmó, apuntando a una estructura que opera como una maquinaria de extorsión legalizada.
